Alude a la fusión "forzosa" en último término tras insistir en que la situación de los últimos treinta años no puede seguir
VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
La constitución efectiva de mancomunidades de interés general con carácter generalizado en Castilla y León durante esta legislatura, dejando para más largo plazo su conversión en municipios fusionados, preferentemente de forma voluntaria y, en última instancia, incluso de forma "forzosa" es la apuesta firme del nuevo Ejecutivo autonómico.
Así lo ha expuesto este lunes el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, durante su comparecencia en las Cortes para esbozar el programa de su departamento para los próximos cuatro años, y todo ello conforme a su convicción de que no es posible mantener la actual estructura territorial de los últimos treinta años ante la necesidad de garantizar la prestación de servicios entre los ciudadanos.
"La oposición parece muy preocupada por lo que llama el cierre de los pueblos, confundiendo pueblos con municipios y cierre con fusión. Pues bien, de lo que tenemos que estar todos muy preocupados no es del cierre de los municipios, sino de la extinción de los pueblos", ha matizado Igea, quien ha añadido que esta última certeza es la que espera a Castilla y León de continuar con la actual estructura. "Si seguimos así acabaremos fusionando los cementerios", ha enfatizado.
En nuevo modelo planteado, como así precisa Igea, se realizará bajo el criterio del "gradualismo" y comenzará con la constitución voluntaria de las mancomunidades de interés general mediante el incentivo de las subvenciones, "si bien esta voluntariedad solo será en el momento inicial, porque si para alcanzar el objetivo propuesto no fueran suficientes las vías de fomento se contemplará la posibilidad de efectuar agrupaciones o fusiones forzosas".
En esta material, la consejería presentará en los próximos meses un proyecto de ley que establezca y regule el mapa de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio, un proyecto de ley que será acordado.
A partir de este mapa, el propósito del departamento que dirige Igea es que se desplieguen en el territorio los distintos servicios públicos que son competencia de la Junta de Castilla y León; dichas actuaciones serán coordinadas con las restantes consejerías, principalmente las de carácter social.
Además, la consejería concluirá los procedimientos para constituir las mancomunidades de interés general urbanas de León, Soria, Valladolid, Medina del Campo, Benavente y Zamora -ya están iniciados- y potenciará la constitución de las mancomunidades de interés general urbanas restantes y de las rurales.
También, como actuaciones previstas en ordenación territorial, se elaborará el mapa de Áreas Funcionales Estratégicas, que son aquellas zonas de menor dinamismo económico o demográfico o afectadas por circunstancias extraordinarias y que precisen de un programa de desarrollo específico para esa área. Finalmente, en este ámbito competencial la consejería elaborará el Plan de Convergencia Interior.
Por ello, el consejero ha abogado por el consenso ante una cuestión de Comunidad pero también ha advertido al PSCyL de que "no puede hacer del consenso un candado que bloquee las reformas necesarias en la Comunidad", máxime cuando es preciso cumplir una agenda de ordenación territorial que tanto el PP como el PSCyL aprobaron en 2013 a través de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio (Lorsergo).
Los planes de Igea han contado con la frontal oposición del PSCyL y de Podemos, cuyos portavoces, Alicia Palomo y Pablo Fernández, respectivamente, han advertido de que el modelo planteado les tendrá enfrente, tras insistir en que la semblanza de Castilla y León realizada por el político 'naranja' sobre su dispersión geográfica y escasa densidad de población son la justificación para el "cierre" de pueblos.
"No hemos oído nada de los servicios públicos que tiene que prestar la Junta y las medidas necesarias para garantizarlos. Vamos a defender la autonomía local y la suficiencia financiera en Castilla y León, donde la media en esta materia está por debajo del resto de autonomías", ha criticado Palomo, mientras que Fernández ha ido más allá y ha mantenido que lo único que ha hecho el nuevo Ejecutivo en ordenación es el "reparto y expolio de cargos públicos", cuando Podemos defiende un modelo basado en comarcas naturales y la aportación de la financiación necesaria.
TRANSPARENCIA
En materia de transparencia, Igea se ha marcado la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la regeneración democrática y la mejora de la eficiencia administrativa.
Así, ha anunciado una reforma profunda del marco normativo autonómico de la transparencia -Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León- que incluirá a las Entidades Locales en su ámbito de aplicación; para ello se contará con la Federación Regional de Municipios y Provincias para analizar las posibilidades de apoyo de las diputaciones provinciales a las entidades con menos recursos y la inclusión de un catálogo importante de materias de publicidad obligatoria, posibilitando que esta relación de contenidos se vaya incrementando de manera ágil y flexible sin necesidad de modificar la ley.
La segunda reforma inminente en este campo será el impulso al derecho de acceso a la información y la modificación del Decreto que lo regula, analizando junto con el Comisionado de Transparencia la posibilidad de incorporar las propuestas que formule en sus memorias e informes y otras tantas que podamos sugerir desde nuestra consejería.
Asimismo, se impulsará la comunicación y la difusión de este derecho entre la ciudadanía y se actualizará el Portal de Gobierno Abierto, cumpliendo las obligaciones de publicidad activa, pero con herramientas y un lenguaje que permitan una mejor presentación, lectura e interpretación de cuantas informaciones y datos se compartan. Y se incorporarán otras novedades, como la publicación de las agendas de trabajo de los altos cargos de la Junta de Castilla y León, y no solo las que impliquen convocatoria mediática.
La Administración autonómica contará también con un Plan de Datos Abiertos, dentro de las medidas con las que se prevé incrementar la reutilización de la información pública.
Esta consejería también promoverá, incentivará y reconocerá a aquellos órganos y unidades administrativas que destaquen por iniciativas en este ámbito, y en tal sentido se creará la "marca de transparencia".
Otras medidas de apertura de la Administración a los castellanos y leoneses, con la finalidad de hacerlos partícipes del cambio, serán la consolidación de celebrar consejos de dirección abiertos para realizar escucha activa y rendir cuentas, formación sobre transparencia en diversos niveles de enseñanzas oficiales y la creación de nuevas cuentas institucionales de la Junta en redes sociales para informar e interactuar con la ciudadanía sobre Transparencia y Gobierno Abierto.
El vicepresidente y consejero Igea ha anunciado que en los próximos días su departamento remitirá a la Comisión de Ética Pública un proyecto de reforma y endurecimiento del Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad y de sus entes adscritos.
Al respecto, PSCyL y Podemos coinciden en que Igea es el "paradigma" de la "falta de transparencia" y la "degeneración", con un último capítulo, como así han advertido, relativo al "acuerdo secreto" entre él y Fernández Mañueco para aprobar catorce puestos de asesores. "¡Va a batir usted el récord de la antiregeneración, de la opacidad!", ha declarado Palomo.
