VALLADOLID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
Uno de los que pasaron por las instalaciones de Retomar en Valladolid, cuyo presidente nacional y su esposa están siendo juzgados por explotación laboral y él, además, por contrabando de tabaco, ha cargado con dureza contra el principal encausado, J.M.G, del que ha asegurado que le mantenía como un esclavo.
"¡Me alegro de estar aquí para encarcelar a este señor, que es un déspota y un criminal!", ha espetado Julio Alberto O. como colofón a su testimonio prestado este martes en la Audiencia de Valladolid, donde ha explicado cómo recaló en Retomar procedente de un albergue municipal de Málaga y que una vez en Valladolid alternó trabajos de electricista con los de patear la calle con huchas pidiendo "falsamente" para enfermos de SIDA.
En su declaración prestada por videoconferencia desde Tudela (Navarra), Julio Alberto, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha sostenido que durante los dos meses de estancia, con jornadas de ocho de la mañana a ocho de la tarde, no percibió salario alguno ni estuvo dado de alta en la Seguridad Social.
El testigo incluso ha apuntado que llegó a presentar sendas denuncias contra el presidente de Retomar por amenazarle con romperle las piernas y por retenerle toda su documentación e historial laboral.
Testimonios similares, poco propicios para los intereses de los acusados, son los prestados por otros internos, entre alcohólicos y toxicómanos, que pasaron también por las instalaciones de retomar, tanto en Valladolid capital como su centro de Mojados, a lo largo de 2016, como el prestado por un varón de origen marroquí o el ofrecido por un hombre de origen luso que ha testificado, por videoconferencia, desde el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca).
"UNA VEZ ME INVITÓ A UN CAFÉ"
El primero de ellos ha incidido en la prestación de trabajos varios sin remuneración alguna. "Una vez me invitó a un café", ha precisado el testigo como única dádiva obtenida, al margen de la manutención y alojamiento diario y la picadura de tabaco semanal para su propio consumo, "que se decía que era de contrabando", mientras que el portugués, en labores de electricista y fontanero, de "ocho a ocho" y seis días a la semana, ha asegurado que un día sufrió un accidente en un ojo y fue obligado a mentir debido a que no estaba dado de alta en la Seguridad Social.
Ambos testigos han relatado que eran frecuentes las llegadas de grandes cajas de cartón y mucho peso cargadas de hojas de tabaco que ellos se encargaban de picar para, una parte, destinarla al consumo gratuito de los residentes y el resto empaquetarlo en cajas de treinta o cuarenta kilos que la furgoneta de una empresa de reparto pasaba a recoger, sin precisar ni la periodicidad ni el destino final de la mercancía.
Sin embargo, las acusaciones, ejercidas por el fiscal del caso y la Abogacía del Estado, sostienen que esa picadura de tabaco ya listo para liar cigarrillos era distribuida en Sevilla, Rioja (Almería) y otras localidades andaluzas, y ello pese a carecer del permiso del Comisionado para el Mercado de Tabaco y, lógicamente, sin pagar el impuesto especial por dicha actividad supuestamente ilícita.
En este sentido, funcionarios de la División Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) han 'desfilado' por la sala del tribunal para explicar cómo iniciaron las pesquisas a raíz de las denuncias de varios residentes respecto del supuesto delito de contrabando, en cuyo transcurso, fruto de distintos trabajos de campo y registros, obtuvieron indicios no solo de la supuesta actividad perseguida sino de otros delitos contra los derechos de los trabajadores que no eran de su competencia y que por eso dejaron en manos de la Guardia Civil.
Se referían así al empleo de otros internos, de sol a sol, en labores de reciclado de plásticos en una empresa de Villamuriel (Palencia), cuatro de ellos dados de alta a media jornada y el resto en situación ilegal.
Con respecto al contrabando propiamente dicho, los funcionarios han confirmado el hallazgo de más de medio centenar de bolsas de picadura de tabaco halladas en el centro de Mojados, dispuestas para su distribución y con un valor de 9.200 euros, cantidad no considerada como delito.
Sus pesquisas les dirigieron entonces a la empresa Tourlaine Express que periódicamente pasaba por las instalaciones de Retomar para recoger grandes cajas con la supuesta mercancía ya preparada para su distribución en Andalucía.
MEDIA TONELADA DE PICADURA
Así, calculan que entre julio de 2015 y agosto de 2016 pudieron llegar a tierras andaluzas, desde Valladolid, cerca de dos toneladas y media de picadura de tabaco por valor de 416.000 euros, cantidad ya considerada como delito de contrabando.
Sin embargo, todos los funcionarios del DAVA han reconocido que se trata de estimaciones, presunciones ya que en momento alguno llegaron a proceder a la apertura de los paquetes. "No puedo afirmar con rotundidad que esos envío a través de Tourline Express fueran de picadura de tabaco", ha confesado uno de los funcionarios a preguntas del magistrado presidente y de una de las defensas, circunstancia que a buen seguro será utilizada por la letrada para, por lo que respecta a este delito, solicitar un fallo absolutorio en aplicación del principio de presunción de inocencia.
El juicio quedará, previsiblemente, visto para sentencia este miércoles una vez las partes emitan sus informes defintivos. Con carácter provisional, J.M.G. y su esposa, M.J.P, se enfrentan a un conjunto de penas de entre casi doce y ocho años de cárcel y multas de 1.256.550 y 8.550 euros, respectivamente.
