VALLADOLID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -
El gerente de Servicios Sociales, Jesús Fuertes, ha defendido este miércoles la actuación de la Junta de Castilla y León ante las irregularidades detectadas en la vivienda para mayores San José de Fuentesecas (Zamora), que quedó clausurada, y a cuyo titular se ha impuesto una sanción de 70.000 euros por siete infracciones diferentes.
Así lo ha explicado Fuertes durante su comparecencia ante la Comisión de Familia de las Cortes para explicar la actuación de la Administración sobre esta vivienda para mayores, que se clausuró en junio de 2011 tras la detección de diversas irregularidades.
El gerente ha explicado que se detectaron graves irregularidades y la primera actuación que se llevó a cabo fue la recolocación de los 16 residentes que se encontraban en esta residencia, que sólo tenía autorización para ocho, en otros centros de la provincia de Zamora.
Fuertes ha señalado que después se llevaron a cabo investigaciones y el propio Juzgado de Toro fue el que decidió el sobreseimiento del caso en favor de la vía administrativa, mediante la cual la Junta de Castilla y León ha impuesto multas por importe de 70.000 euros por dos infracciones muy graves, tres graves y dos leves.
Las sanciones, que son "firmes y ejecutables" han sido notificadas en tres de los casos, mientras que el resto se publicaron en el Boletín Oficial de Castilla y León de 24 de febrero.
El gerente ha aclarado que estos casos son excepcionales y ha afirmado que no se debe pensar que las residencias en Castilla y León funcionan mal, al tiempo que ha asegurado que la actuación de la Gerencia fue "rápida y contundente", en un "plazo mínimo".
VARIAS INSPECCIONES
En este caso, ha recordado que desde 2005 se hicieron cuatro inspecciones, además de cuatro visitas por parte de personas que valoran la dependencia, que también revisan las condiciones en estas instalaciones, y las irregularidades detectadas en 2008 fueron corregidas.
Fuertes ha explicado que además de tener al doble de personas para el que tenía autorización, en esta residencia se carecía de la documentación y el personal adecuado, se apreciaba suciedad, humedades, medicamentos accesibles o la falta de funcionamientos de timbres de llamada o incluso carecía de los seguros obligatorios.
Sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista, que ha llevado este caso a la Comisión, ha cuestionado la actuación de la Junta de Castilla y León, ya que considera que no actuó hasta la denuncia de un particular ante la Guardia Civil a mediados de junio del pasado año.
El procurador socialista por Zamora José Ignacio Martín Benito ha recordado la "alarma social que produjo el caso" y ha preguntado por qué la Junta tuvo que esperar hasta que se pusiera la citada denuncia, cuando había graves irregularidades e incluso "las sábanas estaban sucias, con manchas de restos orgánicos (sangre, heces y orín)".
El procurador socialista ha afirmado que, desde su apertura en mayo de 2001, la residencia sólo había tenido tres inspecciones, concretamente una en 2005, otra en 2007 y otra en 2008 y ya en ésta última se descubrieron algunas irregularidades que llevaron a la Administración autonómica a obligar al centro al cumplimiento de algunas medidas.
Sin embargo, considera que "no se hizo seguimiento sobre el cumplimiento de las mismas hasta que estalló el caso en verano pasado descubriéndose que las irregularidades no se habían subsanado".
El procurador socialista ha señalado que hay pocos inspectores en la Comunidad, cinco para un total de 658 residencias en Castilla y León, 60 de ellas en Zamora, y ha cuestionado las inspecciones periódicas que se hacen en estos establecimientos de la Comunidad.
