VALLADOLID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha reconocido
con el 'Premio a la Innovación de la Gestión 2015' a la Junta de Castilla y León por la optimización de contratos energéticos en la administración , según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.
De este modo, el Gobierno "reconoce la eficiencia energética" en la Junta y su "innovadora herramienta telemática" para abaratar en 2,2 millones la factura de la luz fruto de la reducción del ocho por ciento en el gasto eléctrico fijo el pasado año y que se repetirá en 2016 (en el caso del gas se espera sumar un millón adicional de ahorro este año).
Esta práctica, cuyo ahorro económico se deriva sobre todo de la revisión de los contratos, generalmente restringiendo la potencia hasta ajustarla a la demanda de cada edificio, se enmarca en el Plan de Optimización Energética puesto en marcha por el Ente Regional de la Energía (EREN) a principios de 2013, que se ejecuta a través de una aplicación informática denominada OPTE.
El sistema permite conocer la demanda de luz y gas en 1.650 edificios de la Comunidad y ajustar la contratación de suministros a los consumos reales, "lo que redunda en la contención del gasto público de forma que el ahorro en la factura eléctrica ascenderá a 2,2 millones de euros al finalizar este año exclusivamente en concepto de costes fijos".
La herramienta, desarrollada por el servicio de informática de la Junta y gestionada por personal del Ente Regional de la Energía, analiza en la actualidad de forma telemática los gastos energéticos de 1.650 edificios entre hospitales, centros de salud y de servicios sociales, colegios y otras dependencias administrativas.
Los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública establecen en su edición 2015 tres categorías: Ciudadanía, Innovación en la Gestión y Excelencia en la Gestión Pública.
La iniciativa del EREN, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, ha sido galardonada en la segunda modalidad, que reconoce las prácticas que redunden en una mejora organizativa o de gestión de las entidades públicas.
El jurado ha valorado el componente "innovador y creativo" de la aplicación OPTE, que ha permitido diagnosticar los hábitos de consumo energéticos en los distintos centros de trabajo de la Administración autonómica "para acometer después un proceso de redefinición de los contratos de suministro con el fin de optimizar costes".
EL PLAN
Bajo el eslogan 'Lo que no se mide no se gasta', la OPTE registra los datos técnicos de 1.540 puntos de distribución eléctrica -con un consumo de 200.000 megavatios hora (MWh) y un gasto de 34 millones de euros anuales- y los de 320 suministros de gas -que suman 228.000 MWh de consumo y generan un coste de 11,4 millones de euros anuales-, efectúa un seguimiento y aporta comparativas mensuales.
"Este chequeo se completa con una comparativa de consumos que se realiza a través de una plataforma de indicadores energéticos, la cual permite contrastar los registros entre centros del mismo tipo en la Comunidad e identificar los que ofrecen mayor potencial de ahorro", explican las mismas fuentes.
Este "mejor conocimiento" de las necesidades energéticas reales de hospitales, colegios, residencias y otros centros ha contribuido también a promover la compra centralizada de energía en la Administración, labor que coordina la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, "y con la que se agiliza la tramitación y se consiguen precios más competitivos".
"El ahorro global asciende a 5,2 millones de euros anuales, entre el resultante de la revisión de contratos y el procedente de la compra centralizada, lo que evidencia las oportunidades de mejora en la eficiencia energética y en el control del gasto público que ofrece este instrumento".
Las mismas fuentes recuerdan que sólo el consumo de luz y gas en los 1.650 edificios controlados telemáticamente obliga a un desembolso anual de 60 millones de euros, por lo que el descuento estimado en la factura es del 8,7 por ciento y el objetivo es que llegue a representar el diez por ciento.
La herramienta OPTE se extiende a otras administraciones como la Universidad de Valladolid y 135 municipios con una población inferior a 20.000 habitantes que se han integrado a través de las diputaciones de Ávila, Burgos y Segovia, donde ya se analizan 1.800 suministros eléctricos.
