PALENCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Castilla y León llevará a cabo el próximo año varios proyectos dentro del sector del juego que pasan por regular el juego remoto, las apuestas, la modificación de la publicidad y el patrocinio y varias reformas fiscales.
Así lo ha anunciado esta mañana el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la inauguración del VIII Congreso de Juego de Castilla y León, que se llevará a cabo durante el día de hoy en la capital palentina.
De Santiago-Juárez, ha destacado que entre las reformas de las medidas fiscales se encuentran "la ampliación temporal de las bajas fiscales de máquinas", así como deducciones fiscales por tramos de máquinas para los salones.
También "se llevará a cabo el tratamiento más beneficioso de la base imponible en los casinos o la rebaja del tipo impositivo del bingo electrónico".
Respecto a la regulación del juego remoto, se está tramitando un proyecto del reglamento que contiene una nueva forma de explotación. Los objetivos de la misma se centran en acabar con la situación actual de juegos en Internet, TV, radio o telefonía no autorizados.
Así como defender a los menores y personas con problemas especiales eliminando el acceso a este tipo de juegos y proteger a los usuarios, sin olvidar la creación de puestos de trabajo de alta cualificación asociados a las nuevas tecnologías.
Por otra parte, el consejero ha explicado que se va a iniciar "la modificación de la regulación de la publicidad y el patrocinio de los juegos y las apuestas" ya que el sector privado "tiene unas limitaciones muy estrictas que no tiene el sector público", como puede ser la ONCE o la LAE (Loterías y Apuestas del Estado).
Al respecto, de Santiago-Juárez ha manifestado que el sector público "ha recaudado un 6 por ciento menos, la mitad de lo que se ha reducido en el sector privado".
Por último, se tiene previsto complementar la Ley Reguladora del Juego con la reglamentación que regulen las apuestas. Además, se regularán las apuestas tanto presenciales como remotas para que se garanticen los derechos de los participantes y una óptima organización de la actividad, con el objetivo de regular la explotación y dar protección a los consumidores.
