ÁVILA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ávila abrió diligencias previas en 2019 por un delito de malversación a raíz de un atestado de Servicios Internos de la Guardia Civil, relacionado con empresas vinculadas a la trama del caso 'Mediador', que luego fueron remitidas a los tribunales de Madrid.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), aquellas diligencias fueron abiertas por la denuncia de los Servicios Internos de la Guardia Civil, donde se advertía de "una posible actuación ilícita en una serie de contratos para obras en acuartelamientos", que se habrían hinchado y algunos pagados sin ejecutar.
El juez instructor tomó declaración como investigados al entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, a un empresario canario, responsable de las empresas Angrasurcor S.L. y Solocorcho S.L., y a un colaborador de éste.
Tras estudiar el asunto, el juzgado de Ávila entendió que no era competente ya que el mayor cargo supuestamente implicado y al que señalaban las declaraciones efectuadas, un teniente general de la Guardia Civil, tenía la sede oficial en la Dirección General de Madrid.
Según la declaración del teniente coronel, la contratación de las empresas canarias "vino determinada" por el teniente coronel que estaba entonces al frente de la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, son sede en Madrid, lo que "inició una nueva investigación que reveló que en 13 comandancias (Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Santa Cruz de Tenerife y Toledo) las empresas canarias "habrían llevado a cabo" trabajos "incrementando la facturación e ingresos".
Por tanto, dictó un auto en el que acordó la inhibición a favor del Juzgado Decano de Madrid para el conocimiento de todas las actuaciones.
Uno de los investigados recurrió dicho auto primero ante el juzgado y posteriormente ante la Audiencia Provincial de Ávila, solicitando el archivo de la causa.
El juzgado rechazó sus pretensiones y el tribunal provincial también desestimó esta apelación al entender que aún quedaban muchas diligencias por practicar y porque "la competencia para dictar la resolución definitiva correspondería a un órgano judicial de Madrid".
Finalmente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 confirmó la inhibición para la continuación de la investigación en Madrid por parte del Juzgado de Instrucción 3 de la capital.
