LEÓN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de León construirá antes de 2011 un total de 350 viviendas de protección en régimen de alquiler en parcelas de equipamiento municipales, una iniciativa que supondrá una inversión pública de 17 millones de euros y con una concesión de 50 años.
En las bases del concurso de dichas viviendas primarán los aspirantes de menos de 35 años, las personas discapacitadas o con problemas de movilidad, mayores y colectivos en riesgo de exclusión social, según explicó hoy el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de León, Francisco Gutiérrez.
Asimismo, las viviendas se ajustarán a la calidad y estándares de vivienda protegida pública; dispondrán de entre 40 y 70 metros cuadrados útiles y estará ubicadas en las zonas de puente Castro, San Mamés, Eras de Renueva, el barrio de la Inmaculada, Trobajo del Cerecedo y el casco histórico.
Tal y como se dictaminó hoy en la Comisión de Urbanismo, dicha iniciativa se llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de León para su aprobación, momento desde el que comenzarán los trámites administrativos para su licitación.
Los contratos de dichas viviendas de alquiler serán por un máximo de cinco años y a partir de entonces se podrá solicitar la renovación del mismo por un año, una prórroga que se podrá demandar durante un periodo máximo de tres años.
ACUERDO CON LA JUNTA
Según explicó Gutiérrez, este proyecto se desarrollará en virtud de un convenio suscrito con la Junta de Castilla y León, de manera que la institución autonómica aportará seis de los 17 millones de euros que supondrán dicho programa. El resto de la inversión tendrá su origen en el precio del alquiler, que variará en función de las ayudas públicas concedidas a los solicitantes, así como de otras variables.
En todo caso, el edil subrayó que los precios serán "razonables", ya que podrían situarse entre el coste cero y unos 150 euros y señaló que su objetivo es promover un mercado de alquiler "suficiente" que permita la rotación.
Finalmente, destacó que se trata de un proyecto "novedoso" ya que el Gobierno autonómico no permitía este tipo de actuaciones en suelo de equipamiento público; de esta manera, explicó, se "aprovecha" suelo donde no había actuaciones previstas y se construye vivienda social en terrenos destinados a equipamientos sociales.
