VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
Más de medio millar de trabajadoras del sector de la ayuda a domicilio se ha concentrado este lunes ante la Gerencia de Servicios Sociales en Valladolid para exigir a la Junta de Castilla y León una mayor financiación y un incremento de recursos en las licitaciones públicas, a fin de que las beneficiarias no sean únicamente las empresas sino también las personas que prestan esos servicios.
La movilización, convocada por CCOO Hábitat y UGT Servicios Públicos bajo el lema 'En defensa de la ayuda a domicilio. Por unos cuidados dignos, por unos salarios justos', se ha desarrollado en la Plaza de Madrid, ante la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, con el fin de instar a la Administración regional a incluir cláusulas sociales en los pliegos y garantizar el reconocimiento laboral de un colectivo compuesto por 7.500 auxiliares en la Comunidad, encargadas de prestar servicio a unas 24.000 personas dependientes.
La secretaria general de CCOO Hábitat de Castilla y León, Lourdes Herreros, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha denunciado que, pese a que el Gobierno central ha incrementado la aportación económica para esta materia, no ha fijado condicionantes para que dichos recursos repercutan directamente en las mejoras salariales y sociales de las empleadas. "Las reivindicaciones no van solo en materia salarial sino también en materia social porque cuidar a quien cuida debe ser una obligación. Y este sector requiere una dignificación y un reconocimiento salarial y social", ha defendido Herreros.
"INTRUSISMO" POR PARTE DE EMPRESAS PRIVADAS
En este sentido, la representante de CCOO considera que la movilización llega en el momento oportuno para encauzar estas peticiones, máxime ante el próximo inicio de la negociación del convenio colectivo regional cuya vigencia concluye el 31 de diciembre, y ha alertado de la proliferación de contratos gestionados por empresas privadas sin el debido control institucional, lo que, a su juicio, genera un "intrusismo" laboral que debe erradicarse.
"Más de 10 empresas gestionan ya servicios grandes sin ningún control por parte de las administraciones, que tienen una corresponsabilidad no solo para con las personas usuarias, sino también con las auxiliares de ayuda a domicilio que prestan el servicio", ha incidido Herreros, quien recuerda que en la propuesta del plan de cuidados "el servicio de ayuda a domicilio es esencial porque supone mantener a las personas usuarias dependientes mayor tiempo en su hábitat, en sus domicilios, que es el objetivo de ambas organizaciones sindicales".
Por su parte, la secretaria del sector sociosanitario de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Pilar Gutiérrez, ha urgido a la Junta a tomar medidas ante la precariedad que sufre el sector, donde predominan las jornadas parciales con sueldos que no alcanzan los mil euros, al tiempo que ha remarcado que las listas de espera de dependientes-- personas cada vez con más necesidades y con enfermedades cognitivas más avanzadas--continúan siendo una "lacra" que supera los seis meses de demora. También ha denunciado las deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales y la falta de suministro de equipos de protección individual (EPI), en referencia a algo tan básico como los propios guantes de trabajo.
"Pedimos al señor Carlos Pollán, que es el consejero que lleva los Servicios sociales, se ponga manos a la obra y entienda que las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, igual que las de residencia o teleasistencia, son esenciales y que, por ello, hay que cuidarlas también en materia de prevención y dignificación del sector", ha resumido Gutiérrez.
EL COSTE DEL COMBUSTIBLE
En cuanto a las reivindicaciones económicas para el nuevo convenio, la representante de UGT ha señalado que reclaman una subida salarial del 4,7 por ciento, acorde con la evolución del IPC, teniendo en cuenta que el salario base de una trabajadora se sitúa en 1.091 euros y que muchas deben costear el combustible de sus vehículos particulares para acudir a los domicilios. Asimismo, las representantes sindicales han recordado que la pobreza en este ámbito afecta principalmente a las mujeres y han recalcado la necesidad de habilitar coeficientes reductores para solicitar la jubilación anticipada debido a las exigencias físicas del puesto.
Las organizaciones convocantes han suscrito un manifiesto conjunto en el que apelan a la responsabilidad subsidiaria de la Junta de Castilla y León, las diputaciones y los ayuntamientos para vigilar la labor de las adjudicatarias y evitar licitaciones con bajas temerarias.
En el texto, CCOO y UGT han recordado que defender unos empleos estables y un entorno laboral seguro resulta indispensable para garantizar un modelo de atención profesionalizado y de calidad que permita a las personas mayores y dependientes permanecer el mayor tiempo posible en sus hogares.
