Del Olmo afirma que la Ley de Estabilidad impedirá tener que pedir sacrificios y ve efectos a medio y largo plazo

VALLADOLID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, se ha mostrado convencida de que la Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria aprobada este jueves por el Pleno de las Cortes con el visto bueno del PP, la abstención de los socialistas y la negativa del Mixto, evitará que en el futuro se tenga que pedir a los ciudadanos sacrificios como los que vienen soportando en estos últimos años.

Del Olmo, que ha reconocido que estamos viviendo momentos duros para lograr la consolidación presupuestaria en un entorno económico también desfavorable, ha augurado asimismo que a medio y largo plazo los efectos de la nueva norma aprobada este jueves y que fija el techo de gasto no financiero junto a la creación de un fondo de reserva serán "claramente positivos" para el crecimiento económico, la creación de empleo y la disponibilidad financiera de administraciones, empresas y ciudadanos.

La consejera, que ha presentado la Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria como "necesaria y oportuna", ha destacado la importancia de contar con una norma autonómica que defienda la sostenibilidad presupuestaria desde el principio general de estabilidad, con nuevos instrumentos y reglas fiscales, junto a medidas de carácter preventivo y correctivo de desequilibrios y una adecuada distribución de responsabilidades.

Tras valorar y reconocer el "acuerdo" conseguido en la tramitación parlamentaria de esta Ley, Del Olmo ha significado la importancia de extender a todos los entes incluidos en su ámbito de aplicación la obligatoriedad de los planes económico-financieros en situaciones de desequilibrio o incumplimiento del principio de estabilidad que se manifiestan tanto en la elaboración, como en la aprobación o liquidación del correspondiente presupuesto.

Del mismo modo, ha valorado la remisión de la información a la Intervención General de la Administración de la Comunidad que permitirá realizar un "seguimiento eficaz" del cumplimiento de las obligaciones vinculadas a ese principio rector "y activar oportunamente los mecanismos preventivos, correctivos o coercitivos que recoge".

A esto ha sumado la incorporación a la normativa autonómica del límite de gasto no financiero y el proceso para su determinación que exigirá, a su vez, la participación necesaria del poder legislativo con lo que las Cortes ganan protagonismo en el proceso presupuestario.

"La regla de gasto es una pauta fiscal que va a evitar desajustes de divergencia entre el crecimiento del gasto público y la tasa media de crecimiento de la economía -8,24 por ciento frente al 7,4 por ciento en 2005 a modo de ejemplo--, ha destacado la consejera, para quien también resultará importante regular las previsiones propias de Castilla y León sobre los supuestos que justifican la variación del nivel de gasto fijado que podrá variar en función de varios criterios, como la variación de los fondos finalistas del Estado o por la autorización de déficit adicional.

Finalmente, ha reiterado la voluntad de Castilla y León con esta norma de contribuir a la estabilidad y disciplina presupuestaria en todo el país.

LEY "CANSINA"

Desde las filas socialistas, el procurador José Francisco Martín ha cuestionado el prolongado y extraño trámite parlamentario de una ley "particularmente cansina" a la que se ha equiparado con el "pelota" de la clase al haber intentado adelantarse a los deseos del profesor -en referencia al Gobierno de la nación que también ha aprobado una ley en la misma línea a la que se ha tenido que ajustar la norma autonómica-- para finalmente equivocarse. "El peloteo a veces sale fatal", ha ironizado.

El socialista, que ha defendido las seis enmiendas de su grupo que han seguido vivas para su debate en el Pleno, ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de haber incumplido lo acordado en su día con el PSOE y ha advertido de que el déficit cero va incluso "más allá" de lo pretendido en un principio en Castilla y León. "Estabilidad es que en época de normalidad o de bonanza se ahorre para en un año malo poder hacer frente a la situación sin tener que hacer recortes sociales", ha explicado.

Las seis enmiendas socialistas hacían referencia al ámbito de aplicación de la norma para ajustarse a los informes de los Consejos Consultivo y de Cuentas que abogan por ampliar la ley a todo el sector público en su definición actual y con criterio europeo; al seguimiento del principio de estabilidad, en pro de un control continuo y no sólo en la elaboración y la liquidación del presupuesto sino también en la ejecución, y a una mayor participación de las Cortes.

Martín, que ha recordado que esta ley nace gracias a la iniciativa del PSOE de reformar de la Constitución Española en 2011, ha aprovechado la ocasión para recordar que el de los socialistas fue "el primer y único gobierno" que consiguió un superávit que mantuvo durante cuatro años consecutivos cuando el PP de José María Aznar apostó por el déficit cero que ha retomado su sucesor "pero nunca consiguió cerrar un año con superávit".

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, José María González, de IU, que ha defendido tres enmiendas parciales y diez votos particulares al Dictamen de la Comisión de Hacienda, ha recogido las palabras de Martín para expresar su deseo de que este debate hubiese podido ser "más cansino" ya que impediría que existiese la Ley y permitiría aplicar otras normas que la hacen innecesaria.

De este modo, ha continuado, se evitaría por lo menos que apareciese en una ley autonómica lo que ha considerado un "ataque a los derechos sociales y a los servicios públicos de Castilla y León".

González ha propuesto destinar exceso de ingresos sobre lo previsto a servicios básicos fundamentales, como la Sanidad, la Educación y los servicios sociales, y al estímulo de la economía mediante políticas activas de creación de empleo y no a pagar la deuda.

PROYECTO DE LEY

Este Proyecto de Ley fue aprobado en el Consejo de Gobierno del pasado 29 de diciembre en el que el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, explicó que la ley de 'Techo de gasto' responde a un compromiso propio asumido en junio de 2011 además de que es la "leal aportación" de Castilla y León "al objetivo de estabilidad del reino de España" y al mandato del artículo 135 de la Constitución Española.

En lo que respecta al techo de gasto no financiero anual, se calculará el porcentaje de variación de dicho gasto "realizando una media aritmética" de la evolución del PIB de nueve años (los cinco años anteriores, el corriente y los tres posteriores).