SORIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Comité de Dirección del Partido Popular de Soria ha decidido adherirse a la campaña que a nivel nacional está llevando a cabo esta formación política para exigir medidas contundentes contra la ocupación ilegal de viviendas.
La presidenta del Partido Popular, Yolanda de Gregorio, ha explicado que se suman a la campaña contra la 'okupación' porque "aunque es un problema que no está extendido en la provincia de Soria, sí que es un problema para todos los propietarios de una segunda residencia que ven con estupor cómo el Gobierno no hace nada por defender la propiedad privada".
La presidenta del Partido Popular ha subrayado que es "urgente modificar la ley" ante el "alarmante aumento de las ocupaciones ilegales y la pasividad del Gobierno", como lleva "reclamando Pablo Casado desde hace dos años".
"Las mafias se lucran a costa de la inacción del Gobierno y están poniendo en peligro la seguridad de los vecinos", ha recalcado De Gregorio.
MEDIDAS DEL PP
Las medidas que propone el Partido Popular son recuperar el delito de usurpación de un bien inmueble con penas de uno a tres años de prisión, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan acometer un desalojo exprés en unas horas y que se prohíba a los ayuntamientos empadronar a los 'okupas'.
"Queremos dar facilidad a las comunidades de propietarios para que puedan adoptar medidas legales ante comportamientos violentos de los 'okupas' y actuar directamente ante los tribunales, así como a las personas jurídicas", ha explicado de Gregorio, que ha confiado en que este problema no comience a llegar a los pueblos de la provincia.
El comité de dirección del Partido Popular ha acordado comenzar una recogida de firmas pidiendo que se pueda desalojar a los 'okupas' en 12 horas y que la 'okupación' se castigue con penas de cárcel de uno a tres años, así como penas de tres meses a un año para la incitación a la ocupación ilegal.
El PP de Soria también ha decidido que se presente en todos los ayuntamientos una moción que manifieste el "firme compromiso con la defensa del derecho a la propiedad privada y la lucha contra ocupación ilegal de viviendas".
"Un compromiso que es compatible con el apoyo y protección a aquellos vecinos y familias que se encuentran en situación de emergencia social, vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda", ha apuntado De Gregorio.
Asimismo, han instado al Gobierno de España a "aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas".
