SEGOVIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
Miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Propietarios Sierra de Guadarrama se reunieron hoy con la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, para trasladar los motivos por los que los afectados consideran lesionados sus derechos de ser aprobado el Parque Regional, tal y como viene recogido en el PORN, "sin compensación económica alguna".
Durante la reunión se dejó claro que entre los principios de la Asociación no está una "oposición frontal" al mencionado Parque, pero sí a los límites "absolutamente arbitrarios" que establece el PORN insistiendo, una vez más, en la propuesta de que el límite se inicie al sur de la Cañada Real hacia la zona de "altas cumbres".
No obstante, según manifestó la consejera, el Gobierno regional considera "inamovibles" los límites propuestos en el PORN, que coinciden con los propuestos en Bruselas para la Red Natura 2000.
Ante tal respuesta, los miembros de la asociación le recordaron la medida tomada por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, el pasado mes de octubre, en la que se decidió sacar 14.000 hectáreas del futuro Parque Nacional bajo el argumento de proteger los usos tradicionales que han preservado a lo largo de los siglos esos parajes".
En este sentido, Ruiz aseguró desconocer la medida adoptada en Madrid y declaró su "malestar" por las constantes demandas interpuestas por las organizaciones ecologistas a la vez que aseguró que se ceñiría a las disposiciones legales.
El "único" compromiso adquirido por la consejera y vicepresidenta de la Junta fue su propósito de intentar mitigar las restricciones en la zona por debajo de la Cañada Real.
INDEMNIZACIONES
Asimismo, Ruiz consideró "imposible" conceder indemnizaciones a los propietarios por no disponer de dotación económica. Únicamente es intención de la Junta priorizar las dotaciones presupuestarias para mejoras en el ámbito del futuro parque y para dotar de infraestructuras a los municipios afectados por el PORN, aunque los terrenos sean de titularidad privada y no pública.
Ante el gran número de limitaciones que supone la inclusión de un terreno privado en un espacio protegido, la consejera manifestó que eran medidas acordadas con la Consejería de Fomento, siendo ésta responsable de la gestión aunque, señaló, estas limitaciones implicaban la dificultad del desarrollo de los pueblos.
