VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La procuradora socialista Isabel Gonzalo Ramírez ha exigido este martes ante el Pleno de las Cortes que la Junta equipare las condiciones de los centros asistenciales adscritos a entidades sin ánimo de lucro o privados con los públicos dada las condiciones "indignas y de precariedad" con las que desarrollan su labor.
En concreto, ante un conjunto de profesionales del sector que siguieron esta cuestión desde la tribuna de invitados del hemiciclo, la socialista ha relatado la situación por la que atraviesa un colectivo que fue "especialmente castigado" durante la crisis generada en el sector por la pandemia.
Gonzalo Ramírez ha insistido en la "falta de personal, de medios y de inspecciones" en estos centros de atención a personas con discapacidad, a lo que ha sumado la dotación económica "insuficiente" de las plazas "sin control", lo que conlleva numerosas carencias tanto para empleados como para usuarios.
"Es empleo de mala calidad, con condiciones laborales penosas, salarios que en la mayoría de los casos no llegan al salario mínimo interprofesional", ha lamentado, tras lo que ha defendido que es necesario visibilizar que es así como trata la Junta "a las trabajadoras y trabajadores de la discapacidad que sufrieron lo más crudo de la pandemia".
La socialista ha defendido la labor de estos profesionales que aseguran un "trato digno y excelente" a los usuarios a costa de "unas indignas y precarias" condiciones laborales y económicas que "están destruyendo su salud".
"Miles de trabajadoras de diferentes entidades y de distintas provincias de Castilla y León denuncian que sus derechos se están cercenando mientras prestan un servicio esencial, los trabajadores se encuentran desamparados y no se cubren bajas laborales", ha lamentado, tras lo que ha reclamado a la Junta que, al menos, se garantice un salario "digno" que sea "equiparable" con quienes prestan el mismo servicio en la Junta.
"Si la Junta no lo presta de forma directa, tiene la obligación de garantizar que las entidades que lo prestan garanticen a sus trabajadores los mismos derechos que si fueran de la Junta", ha zanjado la procuradora socialista.
No obstante, tras reconocer que inicialmente pensaba que la pregunta se refería a Educación Especial, la respuesta ha venido de la mano de la consejera de Educación, Rocío Lucas, quien ha garantizado que la Junta "siempre" ha defendido su compromiso "firme y contundente con la Educación Especial".
"Tenemos 12 centros concertados en la Educación Especial donde hemos aplicado mejoras retributivas a todos los profesionales para que el profesional que trabaja en los centros de educación especial tenga las mismas retribuciones que los centros de educación concertada", ha explicado.
Sin embargo, Lucas ha aprovechado esta cuestión para arremeter contra el Gobierno central y la disposición adicional cuarta de la Lomloe, donde se establece un periodo de diez años para que "poco a poco" se "vaya retirando esa financiación".
"Si tanto al PSOE les preocupa la educación en los centros de Educación Especial, sí que pido que solicite al gobierno de España que se derogue ya esa disposición adicional cuarta porque socava dos derechos fundamentales, el derecho de las familias a elegir la modalidad educativa que desean para sus hijos y el derecho a la existencia de la educación especial", ha zanjado.
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