VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PSOE de Castilla y León ha pedido a la Junta de Castilla y León que la Ley de Igualdad de Derechos para personas con discapacidad, actualmente en trámite parlamentario, sea más concreta y marque plazos concretos para los compromisos que establece
Así lo han expresado la secretaria y el portavoz de Asuntos Sociales del PSCL y del Grupo Parlamentario Socialista, Marta Olmedo y Jorge Félix Alonso, respectivamente, quienes se han reunido con miembros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que ha mostrado su preocupación por la falta de recursos económicos que puede incidir en su aplicación.
Marta Olmedo ha trasladado la voluntad del PSOE de hacer una oposición "útil" y su compromiso con las personas discapacitadas con el fin de mejorar su inclusión en la sociedad y de buscar su igualdad efectiva, por lo que ha advertido de que en este sentido no van a tolerar "más pasos atrás".
La responsable socialista ha recordado que en los presupuestos de 2011 y 2012 las transferencias para servicios que se prestan a personas con discapacidad se han visto afectadas, lo que a su juicio pone en riesgo la asistencia y los servicios así como los programas que se les prestan, así como el empleo que genera el sector.
Por lo que se refiere al próximo ejercicio, Olmedo ha asegurado que las expectativas son "poco favorables" y ha incidido en la incertidumbre que hay en torno a este sector, al tiempo que ha reiterado que no tolerarán "más recortes justificados por la crisis", que considera que lo que hace es agravarla y mermar derechos de los ciudadanos.
Además, ha afirmado que dejar de invertir en servicios sociales, dependencia y personas con discapacidad es una "torpeza" y transmite "falta de sensibilidad" pero también de conocimiento porque es un sector clave en crisis porque genera empleo.
En este contexto, Jorge Félix Alonso ha explicado que los socialistas trabajan en las enmiendas que se presentarán a esta Ley, para lo que hay plazo hasta el 25 de septiembre.
POCO CONCRETA Y "AMBIGUA"
A este respecto, Alonso considera que el texto es un "conjunto de generalidades" que no aporta "nada nuevo" a lo que existe y que en algunos casos supone incluso "retrocesos", ya que en su opinión deja en el aire cuestiones fundamentales como la existencia del consejo de personas discapacitadas, en el que están representadas las asociaciones y la Junta.
De la misma forma considera "fundamental" terminar con "ambigüedades" y fijar plazos para los compromisos que establece el texto normativo como el plan estratégico, el plan de accesibilidad o el reglamento de animales de asistencia y terapia, por ejemplo.
Por otra parte, ha recordado que la Ley va sin una asignación presupuestaria y considera que esto es "poco útil" porque lo que hace es una declaración de principios y lo que se persiguen son "medidas concretas".
Precisamente el presidente del Cermi, José Luis Arlanzón, ha mostrado la preocupación del Comité por la falta de recursos económicos para el desarrollo de la Ley y que esto pudiera incidir en una merma de derechos y la puesta en práctica de nuevas desigualdades entre los discapacitados, cuando la aprobación de esta legislación debería ser "motivo de euforia".
Arlanzón, quien ha agradecido la posibilidad de participación que les ha ofrecido el PSOE, considera que la Ley tiene el contenido un poco "deslavazado", a pesar de lo cual consideran que será un referente en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y una mayor presencia social.
El presidente del Cermi ha asegurado que el Comité coincide con las denominadas "líneas rojas" que ha expuesto el PSOE y ha señalado que trabaja también en la presentación de enmiendas, para lo que cuentan con el apoyo de la Junta, por lo que espera que entre todos se pueda mejorar el texto.
Las principales preocupaciones del Comité pasan por la su participación como interlocutor con la Junta, considera que se deberían de concretar más los planes que recoge el texto normativo como los de igualdad, accesibilidad, comunicaciones y empleo.
Asimismo, considera que se debería incluir estadísticas de personas con discapacidad en sus desarrollos, tendría que ser transversal, incluir planes preferentes y asistenciales o modificarse algunos artículos que son incompatibles con el reconocimiento de derechos a personas con discapacidad.
