La medida obtuvo el mayor respaldo en la provincia de Valladolid, con participación de casi el 64 por ciento del colectivo
VALLADOLID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
Un total de 77 de los 284 jueces y magistrados titulares de la Comunidad de Castilla y León, es decir, el 27 por ciento, secundó hoy la jornada de huelga convocada en demanda de mejoras laborales y salariales y para denunciar la grave situación por la que atraviesa la Administración de Justicia.
Según datos del TSJCyL, recogidos por Europa Press, Valladolid fue la provincia con mayor seguimiento, con 43 de los 68 magistrados adheridos a la convocatoria (63,2 por ciento). Las otras dos provincias en las que la respuesta fue importante fueron Zamora, con un 47,4 por ciento (9 de 19) y Soria, con un 38,5 por ciento (5 de 13).
El resto de provincias registró menores tasas, como Salamanca, con un 26 por ciento (8 de 31); León, con un 10 por ciento (5 de 50), Segovia, con 2 de quince; Palencia con 3 de 20; Burgos, con un 3,8 por ciento (2 de 53) y Ávila, única provincia en la que ninguno de los 15 jueces en ejercicio secundó la convocatoria.
En cada capital los integrantes del colectivo, tanto los huelguistas como quienes decidieron no secundar la medida, protagonizaron concentraciones de protesta ante los distintos edificios judiciales para luego mantener encuentros con los periodistas al objeto de analizar la situación concreta de cada provincia.
En el caso de Valladolid, la provincia donde la huelga obtuvo el mayor respaldo, el elegido como portavoz fue Francisco Salinero, presidente de la Sección Primera de lo Civil de la Audiencia Provincial y miembro del Foro Judicial Independiente, quien reconoció que la huelga "carece de cobertura o marco legal" pero, sin embargo, recordó que tanto él como sus compañeros no hacen otra cosa que ejercer un "derecho fundamental".
"Desconocemos si el Consejo General del Poder Judicial está a la expectativa para imponer sanciones, pero si es así ya nos defenderemos", retó el portavoz de los huelguistas, Francisco Salinero Román, quien calificó de "injustificable" que en este país el derecho a la huelga siga regulado por un Real Decreto Ley "preconstitucional" de 1977, cuando, por ser un derecho fundamental, la Constitución obliga a que se regule por ley orgánica".
La huelga en Valladolid provocó la suspensión de algunos juicios, si bien el portavoz del colectivo destacó la "profesionalidad y responsabilidad" de los convocantes al haber fijado servicios mínimos por iniciativa propia, ante la falta de un pronunciamiento al respecto por parte del CGPJ.
LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA
"Estamos casi prestando los servicios completos", aseguró Salinero, quien, en respuesta a quienes mantienen que la huelga de hoy vulnera la tutela judicial efectiva, el portavoz de los huelguistas no negó que tal circunstancia hubiera podido producirse pero sí replicó que tal circunstancia también se vivió durante la huelga que los funcionarios de justicia mantuvieron el pasado año durante más de dos meses.
"Lo que pase un día no nos preocupa, pues esa tutela que se está invocando estuvo dos meses y pico sin hacerse entonces efectiva, pero también se vulnera, por ejemplo, cuando la Sala de la Contencioso de Valladolid está resolviendo casos de 2002 o cuando un juez de lo Social está señalando juicios para 2010", sentenció, en declaraciones recogidas por Europa Press.
En cualquiera de los casos, el portavoz vallisoletano quiso dejar muy claro que la protesta desarrollada en ningún modo es contra el actual Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, "sino frente al poder político de ahora y para siempre, para este gobierno y los futuros a fin de que las necesidades presupuestarias de la Administración de Justicia queden garantizadas".
Por su parte, en la capital burgalesa asumió el papel de portavoz de sus compañeros la Juez Decana de Burgos, Blanca Subiñas; en León, el juez de la Sección Primera de la Audiencia Provincial Jaime de Lamo y el magistrado Manuel Ángel Peñín; en Palencia, el presidente de la Audiencia Provincial, Javier Álvarez; en Salamanca, los magistrados José Luis García González, Antonio Mateo, José Antonio de Vega, Gregorio Álvarez y Juan Rollán; en Segovia, el presidente de la Audiencia Provincial, Andrés Palomo; en Soria, el presidente de la Audiencia soriana, Rafael Carnicero, y en Zamora, el titular del Juzgado de lo Penal, Emilio Vega.
Los jueces convocaron este paro como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas con competencias acepten sus reivindicaciones, que pasan por la implantación de la nueva Oficina Judicial, la adecuación del ratio de jueces al de la media europea, un aumento retributivo y el no perder la agenda de los señalamientos (potestad que una reforma legal prevé asignar a los secretarios judiciales).
La huelga también es fruto del malestar del colectivo tras las críticas vertidas por el Gobierno central a raíz de la decisión del Consejo de sancionar con 1.500 euros al juez de Sevilla Rafael Tirado, cuya actuación permitió que el supuesto asesino de la niña Mari Luz estuviera en libertad pese a estar condenado por pederasta.
EL GOBIERNO QUE MÁS HA HECHO POR LA JUSTICIA Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, afirmó que a los jueces no les corresponde el derecho a hacer huelga al tratarse de un poder del Estado y no de trabajadores y considera que no es "muy responsable" que en estos momentos, con "ciertos interrogantes", lo hagan.
Alejo, que se reunió hoy en Valladolid con representantes provinciales de CC.OO. y UGT, en respuesta a preguntas de los medios aclaró que hay que "mejorar muchas cosas", entre ellas la Justicia, pero acto seguido recordó que se trata del Gobierno que más medios ha invertido precisamente en hacer aquello por lo que protestan.
En este sentido, puso como ejemplo la reciente creación de dos juzgados mercantiles en Valladolid y Burgos, reivindicación que escuchaba desde hace tiempo; la solución técnica a la sede de la Justicia en Valladolid, a punto de darse a conocer; las obras en el Palacio de Justicia de Burgos; los nuevos edificios, etcétera.
Además, afirmó que para este año hay un presupuesto de 31 millones de euros y añadió que el incremento presupuestario en el periodo 2005-2008 fue de casi un 49 por ciento con respecto a los anteriores cuatro años.
Por ello, dudó sobre si esto es contra lo que quieren hacer huelga, contra un Gobierno que ha invertido en Justicia, que está "dispuesto" a dialogar para seguir mejorando.
El delegado del Gobierno explicó que con la situación de crisis hay más pleitos y por eso el Ministerio dialoga, pero antes "ya iniciaron la huelga", precisamente tras conocer la sanción del juez Tirado.
Mientras tanto, añadió Alejo, no hay huelgas de trabajadores en paro, aunque algunos "lo desearían" y comparó la huelga de los jueces, poder judicial, con la que hipotéticamente podrían hacer los parlamentarios, el legislativo.
