SALAMANCA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Salamanca "se ha visto obligado" a asumir gastos por importe total superior a dos millones de euros que el Gobierno de España "se comprometió" a abonar por la pista cubierta de atletismo de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela y por el déficit del transporte urbano, un millón de euros aproximado en cada caso.
Así lo ha puesto de relieve el concejal de Hacienda, Régimen Interior y Contratación, Fernando Rodríguez, quien ha anunciado que será una moción que llevará su grupo al próximo pleno municipal para pedir que el Ejecutivo de España haga frente a estos "compromisos".
Un millón se refiere al fondo especial que "se comprometió a crear" para ayudar a las entidades locales a financiar el incremento del déficit del servicio de transporte público urbano de viajeros como consecuencia de la pandemia de Covid-19.
Igualmente, según sus palabras, el Gobierno de España "se comprometió" en 2008, a través de la firma de un Protocolo de Colaboración con el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, a financiar con algo más de 3,5 millones de euros el coste de la Pista Cubierta de Atletismo de Salamanca, ubicada en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela.
De esa cantidad se abonaron 2,5 millones desde 2009 a 2011, restando un millón que no pudo abonarse en su momento al tener el Ayuntamiento que resolver en 2012 el correspondiente contrato de obra por los problemas de la empresa adjudicataria.
Finalizada la obra en 2016, tras la licitación y adjudicación de un nuevo contrato, tampoco pudo abonarse esa cantidad pendiente, como consecuencia de un informe de la Intervención Territorial del Estado en Salamanca, que propuso reclamar al Ayuntamiento el reintegro de casi 500.000 euros de las subvenciones recibidas, más casi 135.000 euros de intereses.
Ello llevó al Consejo Superior de Deportes (CSD) a dictar una resolución en 2017 que reclamaba al Ayuntamiento dichas cantidades, la cual fue recurrida por el Consistorio ante la Audiencia Nacional, que tanto en primera instancia (octubre de 2018) como en segunda (enero 2020), "dio la razón" al Ayuntamiento y anuló la Resolución del CSD, ha explicado.
Una vez que la sentencia dictada por la Audiencia Nacional fue firme, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, se dirigió por carta el 27 de julio de 2020 a la presidenta del CSD, Irene Lozano, para pedirle que hiciera efectivo el cumplimiento total del compromiso adquirido por el Organismo en el Protocolo de 2008, "tal y como hizo la Junta de Castilla y León en febrero de 2016", sin que "hasta la fecha haya habido respuesta".
Igualmente, Rodríguez ha detallado que desde el Ayuntamiento de Salamanca se pide que se atiendan las peticiones de la FEMP para que en los Presupuestos del Estado se habilite el Fondo Extraordinario incondicionado de ayudas a Entidades Locales para hacer frente en los municipios a los efectos sociales y económicos de la pandemia del COVID-19, y para que las entidades locales reciban "al menos el 14 por ciento" de los fondos europeos que España percibirá para la recuperación económica.
