VALLADOLID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha dirigido por carta a la vicepresidenta tercera y titular del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD), Teresa Ribera, para solicitar la retirada de la propuesta de inclusión de la codorniz común en la categoría de riesgo extremo del Catálogo Español de Especies Amenazadas, lo que impediría su caza.
Esta propuesta figura en el Orden del Día de la reunión del Comité de Flora y Fauna, adscrito a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, convocada para este viernes, 22 de abril.
El consejero señala en la misiva que una decisión de esta envergadura "debe ser informada, consultada y tratada con las comunidades autónomas gestoras de la biodiversidad" y advierte de la repercusión económica y social de la caza de la codorniz en Castilla y León, con la mayor población y número de capturas de esta especie.
Asimismo, requiere a la ministra a que con esta propuesta sobre la codorniz no se repitan las formas empleadas con las comunidades autónomas respecto a la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
La Junta, en un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado que las comunidades autónomas se han enterado de esta iniciativa a través de un correo electrónico remitido en nombre de la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITERD, en el que se convoca al Comité de Flora y Fauna Silvestres para la celebración de una reunión telemática este viernes.
En el mismo, entre otros asuntos del orden del día, se propone la inclusión de la codorniz común (Coturnix coturnix) en la categoría de riesgo extremo del Catálogo Español de Especies Amenazadas, es decir, "en peligro de extinción".
Suárez-Quiñones ha solicitado a la ministra la retirada de este punto de la agenda y le ha recordado que hay mejor información disponible sobre la especie que la que fundamenta la mencionada convocatoria ministerial y, sobre todo, que la decisión debe surgir del consenso y no de la imposición, como sucedió en el caso del lobo.
SIN LAS CCAA
Para el consejero, las comunidades autónomas no han sido informadas ni consultadas de esta iniciativa administrativa hasta este momento y considera "sorprendentes las prisas y formas de esta actuación", puesto que el MITERD, "de forma hermética y opaca", y tras solicitar informe al Comité Científico (órgano consultivo para asistir al Comité de Flora y Fauna Silvestres, a las comunidades autónomas y al Ministerio, cuando así lo soliciten), ha elaborado una memoria técnica justificativa al respecto sin haber realizado ninguna consulta previa ni solicitado información técnica, estudios o criterios a las comunidades ni al resto de investigadores que trabajan sobre la especie.
Además, el Ejecutivo autonómico considera "aún más sorprendente" que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es el departamento ministerial del Gobierno de España que coordina las políticas en materia de caza a nivel estatal, se haya tenido que enterar de esta cuestión a través de la información proporcionada por las comunidades.
Estas ya han mostrado su malestar por la premura de tratamiento de la catalogación de la especie sin haber sido consultadas con carácter previo a la citación del órgano colegiado competente que, al fin y al cabo, eleva la propuesta para la catalogación, descatalogación o cambio de categoría de un taxón o población en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, "demostrándose, una vez más, un quebrantamiento de los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional que deben regir el funcionamiento de las administraciones públicas".
Según Suárez-Quiñones, nuevamente la forma de actuar del MITERD es idéntica a la acontecida recientemente con el caso de la inclusión del lobo Ibérico (Canis lupus) en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, cuando con un planteamiento "ya decidido de antemano" consigue, "ignorando totalmente" a las comunidades autónomas, que son legalmente las que gestionan la fauna, limitar la gestión sostenible de los recursos naturales renovables, así como su aprovechamiento cinegético.
Para la Junta, se trata, desde luego, de "un nuevo ataque a la España rural y a las formas de vida que en ella se practican" y que va "más en sentido contrario a la lucha contra la despoblación" por parte de una Vicepresidencia que tiene entre sus competencias el reto demográfico.
La media veda, período que comprende desde el 15 de agosto hasta el tercer domingo de cada año, y que es cuando se caza la codorniz, es uno de los momentos más deseados tanto por cazadores que visitan Castilla y León como por el sector hostelero y sus habitantes consigue prolongar el período de ocupación de los pueblos e infraestructuras hoteleras y genera riqueza.
Para el consejero, esta falta de transparencia y lealtad administrativa es un hecho "plenamente reprochable" al Gobierno y supone un ataque directo a la Comunidad y, más concretamente, a su medio rural.
"Castilla y León es, con diferencia, la comunidad española donde mayor importancia tiene la caza de la codorniz, tanto en términos sociales como económicos, y se entiden, en todo caso, como un aprovechamiento racional y compatible con la conservación de la especie", ha señalado.
De hecho, la Junta ha apuntado que la Comunidad ha sido históricamente proactiva en la adopción de medidas conducentes a la "caza adaptativa", y que ha venido aplicando mediante la adopción de cupos de captura por cazador y día para determinadas especies migratorias.
En el caso de la codorniz, esta anticipación tiene un marco legal a través de actos administrativos que limitan las capturas, con una orden por la que se establecen medidas de protección para las especies cinegéticas, que en el caso concreto de la codorniz fija un número máximo de piezas a cobrar por cazador y día en 25.
JUSTIFICACIONES SESGADAS Y PARCIALES
Por último, en un análisis de la justificación técnica presentada, el MITERD se basa exclusivamente en referencias a estudios "sesgados y parciales" sobre la codorniz, según Suárez-Quiñones, que no representan toda la información técnica disponible sobre la especie, y en datos aportados por SEO/BirdLife, a través del programa SACRE, que "no es el más adecuado" para evaluar el estado de conservación de esta especie.
A este respecto, ha recordado que la codorniz se caracteriza por su gran movilidad tanto en sus flujos migratorios anuales como en sus movimientos nomádicos interanuales, que implica considerables variaciones temporales y espaciales de sus poblacionales en un mismo territorio en función de la idoneidad del hábitat o meteorología, entre otros parámetros.
Por otra parte, el análisis del Dictamen del Comité Científico, que es suscrito por un miembro de SEO/Birdlife -que es la propia entidad promotora de la solicitud objeto de informe-, "elude" la información científica más reciente que sobre la especie.
"Abunda y, por tanto, evita -no parece que bienintencionadamente- una confrontación de datos, metodologías, análisis y conclusiones, sin haber participado en su elaboración los equipos de científicos, técnicos e investigadores que llevan trabajando sobre la especie durante décadas con fundamentación coherente, de contraste y de valor diferencia para la toma de decisiones sobre la especie", ha señalado.
Para la Junta, esta falta de puesta a disposición de la mejor información disponible sobre la especie en el momento actual es igualmente evidenciada en la memoria elaborada por el MITERD, quien ni analiza ni valora la producción bibliográfica omitida por el Comité Científico y entra en "contradicciones evidentes" en cuanto a las escalas temporales sobre el estado de la conservación.
