UCCL reclama una planificación en instalación de renovables que no perjudique al campo ante el "boom" de la solar

VALLADOLID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha reclamado una planificación a la hora de instalar energías renovables y un modelo aceptable que disminuya la contaminación pero no "a costa" de agricultores y ganaderos, dado que hay un "boom impredecible" de instalar placas solares en cualquier lugar.

Así lo ha señalado el coordinador de la Unión de Campesinos de Valladolid, Valentín García, quien ha ofrecido una rueda de prensa junto a Valentín García, otro miembro de la Ejecutiva autonómica, y un socio de la organización y afectado de Castromonte (Valladolid) Álvaro Martín.

García ha señalado que la organización pide "poner los puntos sobre las íes" en todo lo que se refiere a la nueva generación de energías porque UCCL considera "fundamental" la defensa y conservación del espacio agrario en el actual modelo de implantación de renovables, en cuyo marco se está produciendo un "boom impredecible" por implantar placas fotovoltaicas "en cualquier lugar".

El responsable de UCCL cree que debe "priorizarse" el espacio agrario en favor de la agricultura y la ganadería, que es un sector "primordial", que produce alimentos "de calidad" para la sociedad. "No puede ser que ahora surjan muchos problemas por abuso por parte de ciertas empresas a la hora de planificar nuevos parques solares y eólicos", ha señalado.

En este sentido, García ha aclarado que hay diferencias entre los parques eólicos y solares, ya que en estos últimos hay una "imposibilidad total" de labrar y, aunque hay quien dice que se puede labrar por las calles, no es puede, es una "barbaridad. Por el contrario, en los parques eólicos el 95 por ciento del terreno es cultivable y en los solares se deja de producir alimentos, ha insistido.

Por ello, UCCL considera fundamental un modelo de energías renovables "aceptable" que disminuya la contaminación "pero no a costa de los agricultores y ganaderos" porque, en el ámbito nacional, se estima que podría haber 5.000 hectáreas ya instaladas, una previsión de sobrepasar las 15.000 y, con vistas a 2030, otras 30.000 más, aunque no se tienen datos claros al respecto.

A juicio de la organización, todo esto debería de estar legislado y registrado, porque se da la paradoja de que hay "montones de empresas", sobre todo ingenierías, que se dedican a buscar espacios para la implantación y están "multiplicando el eco de las hectáreas que se necesitan".

BÚSQUEDA DE TERRENOS

En concreto, ha explicado que hay gente que se dedica a ir a los pueblos a ofrecer a los propietarios de tierras, que no son agricultores y ganaderos, "el oro y el moro" para instalar renovables pero luego en muchos casos no se llevan a efecto. García ha apuntado que se pueden ofrecer entre 1.000 y 1.500 euros por hectárea, cuando para agricultura se ofrecerían entre 120 y 180, lo que ha calificado de "competencia desleal".

El responsable de UCCL considera que la Junta tiene muchas posibilidades de legislar, pero también hay ayuntamientos que ya han tomado medidas como el de Simancas (Valladolid), que ha prohibido la instalación de parques fotovoltaicos en todo el término municipal. "Quizá no sea necesario llegar a ese extremo", ha explicado García, quien ha incidido en que hay otros que están el lado opuesto como Castromonte, que tiene muchísimas instalaciones y tiene previsto que allí se instalen otros cuatro parques de placas solares.

De esta forma, Valentín García ha insistido en que es necesaria una legislación en la que donde la agricultura y ganadería sea prioritaria no se permitan estas instalaciones.

Por ello, ha recordado que en el ámbito nacional la Unión de Uniones ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado en la que se pide al Gobierno que en seis meses desde la publicación de la ley elabore un mapa de zonificación del territorio con suelos eminentemente agrícolas y establezca zonas "no idóneas" o "no aptas" para implantar proyectos de este tipo, con una especial protección a suelos de alto valor agroecológico y de interés agrario.

García ha advertido de que como esta cuestión se descuide, con el tiempo puede pasar como ahora, que se den muchos permisos sin una legislación que impida "barbaridades" porque lo lógico es una planificación "responsable", evitar una concentración de infraestructuras en un espacio limitado como ocurre en Castromonte y que se implanten en zonas de escaso valor.

Frente a ello, las empresas buscan lo "fácil", un páramo "llanito" en Castromonte donde es fácil hacer infraestructuras, se va a instalar otro en Wamba y otro en el Valle Esgueva, ha asegurado García.

Asimismo, ha reclamado información transparente a la gente, consentimiento por ayuntamientos y los afectados puedan defenderse, de manera que quien no quiera una instalación de este tipo esté libre de hacerlo porque hay casos de lugares en los que se ha aplicado la máxima de bien de interés público en un proyecto y se ha llegado a la expropiación.

También ha pedido que se tenga en cuenta a las juntas agropecuarias locales, que se primen instalaciones de autoconsumo y no los de grandes empresas porque tienen más dinero, y sean prioritarias las instalaciones de regadío y ganaderas, pero que además no haya problema para que los excedentes de estas pequeñas instalaciones pueda revertirse a la red y lo aprovechen el resto de los consumidores.