Dos disposiciones no se han evaluado y las dos no conformidades se han subsanado
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
Andorra cumple 7 de las 11 disposiciones de la Carta Social Europea sobre ocupación laboral, formación e igualdad de oportunidades, evaluadas en el período de enero 2015 a diciembre del 2018, según el informe del Comité Europeo de Derechos Sociales (Ceds) publicado este miércoles.
El Ejecutivo andorrano ha valorado la publicación de las conclusiones "con satisfacción, por los avances que año tras año se consiguen en el ámbito de los derechos sociales", afirma en un comunicado.
Según el Gobierno andorrano, dos de las disposiciones consideradas de no conformidad por el Ceds actualmente serían de conformidad con los cambios legislativos introducidos después de la evaluación; las otras dos disposiciones no se han evaluado por falta de información.
En relación a las conclusiones de conformidad, el informe del Ceds se refiere al derecho al trabajo y destaca la política de plena ocupación, la orientación, la formación y la readaptación profesionales, así como el derecho a la orientación profesional y a la formación profesional.
También se ha evaluado positivamente la existencia de la formación técnica y profesional, el acceso a la enseñanza técnica superior y a la educación universitaria, a la formación y la reeducación profesionales de los trabajadores adultos y a las personas en paro de larga durada.
Igualmente, hay conformidad en relación con el derecho de las personas con discapacidad a tener un trabajo y a recibir formación profesional.
LAS NO CONFORMIDADES
En cuanto a las dos conclusiones de no conformidad, una hace referencia al requisito de tres años de residencia para poder acceder a las ayudas financieras para realizar estudios superiores.
El Gobierno andorrano señala que el pasado junio se aprobó la modificación de la Ley de ayudas al estudio que suprimía este requisito, entre otros cambios, "por lo tanto, esta disposición ya es conforme con la Carta Social Europea".
La otra conclusión negativa es relativa al derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de ocupación y de profesión, sin discriminación basada en el sexo, así como en las obligaciones de garantizar el derecho a una remuneración igual por un trabajo igual o de valor igual.
El Ceds considera que, a pesar de haber recursos efectivos a nivel judicial para hacer reclamaciones en caso de discriminación, faltan medidas que garanticen transparencia y permitan comparar los trabajos y promover más la igualdad salarial.
En este punto, el Gobierno señala que en caso que el Consell General --el parlamento-- apruebe el Proyecto de Ley para la aplicación efectiva del derecho a la igualdad de trato y de oportunidades y a la no discriminación entre mujeres y hombres, se "dará respuesta a las inquietudes del Ceds sobre la brecha profesional de género y la reducción de las diferencias de remuneración".
Finalmente, hay dos disposiciones que no se han evaluado por falta de información; una hace referencia a la libre elección del trabajo, no discriminación y prohibición del trabajo forzoso, y la otra es sobre los derechos de las personas con discapacidad.
En la primera, el Ceds dice que Andorra ha hecho progresos, pero pide información sobre puntos concretos como la actividad del Raonador del Ciutad --defensor del pueblo--, fortalecimiento de las inspecciones y datos estadísticos, entre otros.
La otra disposición no evaluada está ligada al derecho de las personas discapacitadas a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad; el CEDS pide información en el próximo informe sobre la aplicación de la Ley de medidas urgentes para la aplicación del Convenio relativo a los derechos de las personas con discapacidad.
La próxima evaluación analizará el periodo de enero del 2014 a diciembre del 2017 y tratará el bloque temático de salud, seguridad social y protección social.
