Acoda condena "las posibles mala praxis" de algunas empresas del sector
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 27 (EUROPA PRESS)
La Associació de Contractistes d'Obres d'Andorra (Acoda) se ha manifestado este viernes sobre los presuntos casos de abusos laborales que se habrían dado en el sector y ha asegurado que es una problemática que "no está ni mucho menos generalizada".
Lo ha afirmado en un comunicado este viernes después de la reunión que mantuvo Acoda con representantes del Gobierno el jueves para tratar la situación de los trabajadores extranjeros desplazados temporalmente al Principado.
Desde hace unas semanas han salido a la luz diversos casos de presuntos abusos laborales por parte de empresas de la construcción que tendrían trabajadores extracomunitarios subcontratados en condiciones precarias.
Frente a esta situación el ministro de Presidencia, Economía y Empresa en funciones, Jordi Gallardo, apuntó ayer a la necesidad de hacer cambios legislativos "en profundidad" para evitar posibles abusos con esta tipología de trabajadores, que llegan al país subcontratados por un máximo de seis meses por una prestación de obra y servicio.
La patronal considera que se "condenan las posibles malas praxis" y ha dicho que el intrusismo que sufre el sector a través de estas grietas legales también perjudica con creces a las empresas establecidas en el país.
Según detallan, se han puesto a disposición del Gobierno para trabajar conjuntamente y solucionar cualquier problemática para garantizar la seguridad y la salud de sus trabajadores y "evitar futuras situaciones de precariedad e ilegalidad" en la contratación laboral.
De hecho, destacan que "el resultado favorable" frente a un gran número de inspecciones realizadas los dos últimos años por parte del departamento de Inmigración junto con las inspecciones de oficio hechas por el departamento de Trabajo demuestran que el sector, en su inmensa mayoría, respeta la legislación laboral y de seguridad y salud en el trabajo.
Cabe señalar que actualmente el sector representa una masa salarial en la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) de cerca de 4.200 trabajadores.
El Gobierno detalló ayer que en el último año se han tomado 42 declaraciones a trabajadores del sector que han comportado la apertura de hasta ocho expedientes que afectan a cuatro empresas de la construcción, "algunas" de las cuales socias de la patronal.
En concreto, cuatro expedientes responden a incumplimientos en materia laboral y otros cuatro por malas praxis en salud y seguridad en el trabajo.
De forma paralela, des del cuerpo de Policía se han llevado a cabo más de 600 controles a trabajadores inmigrantes para verificar la legalidad de sus condiciones de residencia y trabajo.
Finalmente, el Gobierno ha introducido cambios en el reglamento de Inmigración para reforzar la protección de los trabajadores temporeros desplazados.
Por una parte se ha querido garantizar que los contratos de estos empleados se sometían a la legislación laboral del Principado y no a la del país de origen y, por otra, se obliga a las empresas a darles cobertura sanitaria.
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