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BARCELONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS)
La moratoria aprobada por el Gobierno para retrasar hasta 2014 los pagos a los dependientes leves --grado 1, nivel 1-- afectará a 44.000 catalanes que ya tienen valorada su situación pero están pendientes de pago, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Bienestar Social y Familia de la Generalitat.
Se trata de dependientes que ya han sido valorados y debían empezar a cobrar el día 1 de enero de 2013, fecha que el Consejo de Ministros decidió posponer un año más ante los "problemas de liquidez".
Además, el Ejecutivo central anunció el pasado 30 de diciembre que aplazaba hasta el 1 de enero de 2013 la incorporación de nuevos dependientes moderados --grado 1, nivel 2-- al Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), lo que también excluirá a miles de dependientes del cobro.
La Conselleria lamenta el "agravio comparativo" que supone esta medida, ya que las personas que no han sido valoradas antes del día 31 de diciembre de 2011 no podrán cobrar, mientras otros dependientes moderados en la mismas situación sí lo harán.
Además de no poder otorgar nuevas ayudas tras la moratoria aprobada por el Gobierno, la Generalitat tiene dificultades para poder pagar los retrasos de las ayudas a la dependencia, por lo que los cuidadores no profesionales no han percibido esta pequeña parte en enero, aunque sí han cobrado la mensualidad correspondiente, han precisado fuentes de la Conselleria, que han asegurado que estos retrasos, de carácter retroactivo, se pagarán "lo antes posible".
PAGOS INCOMPLETOS
Además, Bienestar ha recordado que el Ejecutivo central se comprometió a pagar el 50% de los costes de la Ley de Dependencia, pero actualmente cubre únicamente el 30%, incrementando en un 20% el gasto de las arcas de la Generalitat.
Aún así, la Conselleria confía que el nuevo Gobierno subsane este aspecto, y espera llegar a un acuerdo de financiación con la nueva ministra del ramo, Ana Mato, con quien el conseller Josep Lluís Cleries ha solicitado una reunión.
En este sentido, las mismas fuentes han admitido "problemas de tesorería", aunque han subrayado que ninguna de las más de 137.000 personas que a día 1 de diciembre de 2011 se benefician de la ley en Catalunya quedarán sin prestación.
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