Entre la población general de Barcelona la cifra disminuye hasta el 20%
BARCELONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El 82,3% de las mujeres y el 70% de los hombres que acuden a la PAH de Barcelona o a la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) están en riesgo de sufrir enfermedades mentales como depresión o ansiedad, mientras que entre la población general de Barcelona este riesgo se reduce hasta el 20,3% de las mujeres y el 16,5% de los hombres.
Un informe presentado este martes por la PAH, la APE, el Observatorio Desc, Ingenieros sin Fronteras y la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) relaciona la "inseguridad residencial" --concepto que engloba las dificultades económicas para afrontar los gastos de la vivienda, las malas condiciones físicas de ésta y la pobreza energética-- como un factor de riesgo que empeora la salud mental.
Para la técnica de la ASPB Ana M. Novoa, esta relación entre vivienda y salud se tiene que subsanar con prevención, es decir, asegurando "el acceso digno a un hogar digno para todo el mundo", lo que ha recalcado que no se produce.
Novoa ha agregado que se debe evitar tratar a estas personas con un exceso de fármacos: "Hay que evitar la sobremedicación. La solución no es siempre tomarse una pastilla, se tienen que empoderar, saber que tienen derechos y acudir a entidades para obtener apoyo mutuo".
MALA SALUD PERCIBIDA
El estudio, que se basa en 100 encuestas realizadas entre personas que acuden a la PAH Barcelona o la APE, también indica que la salud percibida entre éstas es considerada como mala o muy mala en un 54,8% de las mujeres y el 30% de los hombres.
Sin embargo, entre la población barcelonesa, la cifra disminuye hasta el 22,6% de las mujeres y el 15,5% de los hombres, lo que supondría multiplicar por 2,5 y doblar, respectivamente, las personas que perciben como malo su estado de salud y sufren "inseguridad residencial".
EL 48% SUFRE POBREZA ENERGÉTICA
El 48% de las personas encuestadas por la PAH y la APE se encuentran en situación de pobreza energética, media que se reduce hasta el 10% entre la población general.
Esta cifra se desglosa en tres vertientes: el 47% de las personas encuestadas no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada durante el invierno --la media general está entre el 9% y el 10%--; el 56% se han atrasado en el pago de facturas de suministros básicos, sobre todo, del eléctrico, y el 73% han tardado en pagar tres o más veces.
La portavoz de la APE, Maria Campuzano, ha recalcado que la reiteración en el retraso de los pagos evidencia que no se trata de "un problema puntual, sino estructural", y ha apuntado que el 77% de estas familias contratan estos servicios en el mercado libre de electricidad o gas, por lo que pagan un precio más elevado y no acceden a algunos descuentos, como el bono social.
Las principales empresas con las que estas familias tienen contratados sus servicios básicos son Endesa para el suministro eléctrico (93% de las encuestadas), y, para el gas, Gas Natural (72%) y Endesa (27%).
Campuzano ha emplazado a estas compañías a priorizar los canales para resolver los casos de pobreza energética, y ha subrayado que no se debe señalar a los individuos como responsables de esta situación y se debe visibilizar su vulnerabilidad: "Es inadmisible que haya familias que no tienen derechos tan básicos como el agua y el gas".
EXCLUSIÓN SOCIAL
Para el técnico de vivienda del Observatorio Desc Guillem Domingo el informe muestra que la "inseguridad residencial" es un problema poliédrico que lleva a una situación de exclusión social y que no puede ser tratados con medidas puntuales.
En ese sentido, la portavoz de la PAH Barcelona, Lucía Delgado, ha enfatizado la importancia del estudio como "herramienta para hacer presión pública" y dar a conocer cifras que hasta el momento no se habían analizado, lo que permite planificar y tomar decisiones políticas para revertir este problema.
"Este informe es primordial. Hablamos de números pero son personas. Son familias que vienen a la PAH y que están buscando soluciones dignas, y que sus vidas están afectadas a nivel de salud y familiar. Estamos en una situación de emergencia habitacional y social. No podemos tener una sociedad enferma", ha declarado.
