BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las ofertas presentadas a la Generalitat para hacerse con la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL) difieren en el precio y las condiciones técnicas, y mientras Acciona ofrece un precio más asequible para el consumidor final, Agbar ha hecho una propuesta técnica más sólida, han informado a Europa Press fuentes conocedoras del proceso.
De este modo, Acciona ha ofrecido que la tarifa media del agua sea de 0,7088 euros por metro cúbico --1.000 litros--, a alcanzar en un plazo de dos años, mientras que Agbar ha ofrecido que el precio ascienda hasta 0,79 euros por metro cúbico y que esta tarifa se aplique desde el próximo año.
La oferta de Agbar, no obstante, goza de una mayor valoración técnica, con 20 puntos frente a los 13 puntos de Acciona.
En el apartado de personal, Acciona ofrece hasta 580 meses para el personal subrogado, esto es, la totalidad de los 50 años que durará la concesión, mientras que Agbar rebaja esta cifra hasta los 40 meses.
Ambas compañías son las dos únicas que se han presentado a la oferta pública para hacerse con la gestión de ATLL, que la Generalitat ha puesto a la venta por 1.000 millones de euros a pagar durante medio siglo, si bien el primer desembolso en el momento de formalizar el contrato asciende a 300 millones.
Agbar se ha presentado como parte de un consorcio denominado H2B con otras empresas catalanas y en alianza con los fondos internacionales First State y Caisse de Dépôt, mientras que Acciona lo ha hecho en consorcio con el banco brasileño BTG Pactual.
La parte catalana del primer consorcio --formada por Agbar, Aigües de Terrassa, Aigües de Sabadell y las constructoras Acsa, Copisa y Calaf-- tiene una participación del 37% de la inversión, de la que el 25% corresponde a Agbar, mientras que First State tiene un 33% y Caisse de Dépôt el 30%.
En la otra oferta, tanto Acciona como su socio tienen cada uno una participación del 39% en el consorcio, mientras que el 22% restante corresponde a inversores privados.
La ATLL lleva agua a las casas de cerca de 5 millones de personas del área metropolitana de Barcelona, y tiene entre sus principales activos la desalinizadora de El Prat de Llobregat (Barcelona), aunque el concurso público establece que todas las infraestructuras seguirán siendo propiedad de la Generalitat y tan solo se externaliza la gestión de las mismas.
1.000 MILLONES EN 2012
El Govern ha recibido la autorización por parte del Gobierno para poder contabilizar en el balance de este año la operación completa, por lo que si se acaban cumpliendo los plazos, la Generalitat podrá sumar 1.000 millones de euros en el capítulo de ingresos de 2012, lo que supondría una fuerte inyección monetaria para el cumplimiento de los objetivos de déficit, a pesar de que 700 de estos millones se ingresarán paulatinamente durante el próximo medio siglo.
Ahora está previsto que el Govern estudie las ofertas con detenimiento y durante el mes de noviembre haga su propuesta de adjudicación, un proceso en el que las empresas interesadas pueden presentar alegaciones, con el objetivo de que durante la primera quincena de diciembre se firme el acuerdo y el año 2013 se inicie ya con la nueva gestión.
La ATLL cerró el 2011 con una deuda acumulada de 663 millones de euros, después de que volviera a aumentar en cerca de 34 millones de euros durante el año pasado, por lo que a finales de junio celebró un consejo de administración en el que se aprobó la necesidad de aumentar en un 70% los ingresos para equilibrar su déficit --lo que de rebote ha representado la tercera subida del recibo del agua para los ciudadanos del área de Barcelona en 2012--.
La empresa pública no ha podido cerrar ningún crédito de refinanciación de su deuda, contrariamente a la Agencia Catalana del Agua (ACA), quien en abril alcanzó un acuerdo para refinanciar 482 millones de euros de sus pagos pendientes, que ascienden a 1.240 millones, y aliviar así los próximos vencimientos crediticios.
Entidades ecologistas y vecinales agrupadas en torno a la plataforma 'Aigua és Vida' han criticado el proceso de privatización de la ATLL, por entender que se externaliza un servicio público básico y que el proceso supondrá que la factura del agua siga aumentando.
