BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha cuestionado que el ya exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) Daniel de Alfonso recupere su plaza como juez de la Audiencia de Barcelona, tras cesarlo el Parlament al salir a la luz las conversaciones que mantuvo con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
Sin entrar a valorar estas conversaciones, en un comunicado este miércoles la APM considera que aceptar un cargo político o de confianza --como sostiene que es la dirección de Antifrau-- conlleva "la pérdida de la apariencia de independencia e imparcialidad que requiere el ejercicio de la jurisdicción".
Por eso la asociación pide la derogación de la "incoherente" reforma judicial de 2011 que estableció que los jueces nombrados para el ejercicio de un cargo político o de confianza pasen a la situación de servicios especiales.
Es el caso del director de la Oac, que en esta condición no actúa como juez o magistrado sino en el ejercicio de los cargos de confianza para los que han sido elegidos: designado por el Parlament a propuesta del presidente de la Generalitat.
La asociación defiende la inmediata derogación de esta reforma porque "los recientes acontecimientos --en referencia implícita al caso de De Alfonso-- ponen de manifiesto el daño que causa a la imagen de la justicia la permisividad del sistema".
