El Govern valora retirar el patrimonio de las valoraciones de discapacidad en residencias
BARCELONA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
El número de beneficiarios de la Ley de la Autonomía Personal y la Dependencia ha repuntado un 2% en el último trimestre y se ha situado a niveles anteriores a la crisis, con 140.378 beneficiarios --según datos de finales de junio de este año--, después de tres años y medio de descenso de este número.
En este periodo se ha frenado también la subida de las valoraciones pendientes, y de las 1.460 que había en los primeros meses de 2016 se ha pasado a las 390 actuales, según ha explicado en una entrevista de Europa Press la consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Dolors Bassa.
A finales de 2012, los beneficiarios de la dependencia subieron hasta los 158.589 --frente a los 140.491 con los que cerró 2011--, y esta cifra ha caído gradualmente en los últimos años hasta llegar a su mínimo en marzo de 2016, con 137.610.
"Esperamos que el próximo trimestre no tengamos ninguna [valoración pendiente] y estemos al día", ha destacado Bassa, y ha añadido que se consolida así el descenso de los Programas individuales de atención (Pia) pendientes gracias a que han aumentado los profesionales que los realizan.
"A partir de ahora se revertirá totalmente la situación y poco a poco iremos a la normalización", con las valoraciones resueltas a tiempo y sin que haya Pias pendientes, ha augurado Bassa, y ha observado que la mayor problemática que han encontrado es que las valoraciones se hacen periódicamente, no sólo por la entrada de nuevos beneficiarios sino por cambio de grado de la persona.
También se está llevando a cabo la inclusión de los beneficiarios del grado I, para lo que hasta ahora "no había la posibilidad", y ha destacado que el aumento del dinero de bolsillo será retroactivo, y se comprometen a pagar desde enero de 2016, una vez se publique la orden este mes de agosto.
Ha destacado que queda pendiente resolver la problemática de la financiación por parte del Estado, ya que la Generalitat aporta cerca del 80% y el Gobierno central el 20% restante, mientras que tendría que ser un 50%, ha reivindicado.
La Conselleria estudia sacar los condicionantes patrimoniales de las valoraciones por discapacidad en personas que necesitan residencias, con el objetivo de que el domicilio familiar no suponga un agravio para el copago, y que se tenga en cuenta en los casos de rentas "muy altas".
Estudian qué representaría incorporar este cambio, con un tope más alto, tras detectar que la situación es algo diferente en Catalunya respecto a otros territorios españoles, y algunas familias que han puesto el patrimonio a nombre de la persona discapacitada se han encontrado con que este hecho les "agravia a la hora de pagar el copago", como han reiterado las entidades y asociaciones del colectivo.
HISTORIA COMPARTIDA
Bassa ha explicado que también trabajan en elaborar un sistema de historia compartida sociosanitaria, con la dificultad de que en Catalunya existen diferentes modelos, porque las políticas sociales cambian en las diferentes localidades y comarcas.
Ha defendido la necesidad de crear un abordaje único para estos dos ámbitos, en lo que ha dicho que están de acuerdo los profesionales, pero "cada uno ha generado su modelo, y ahora lo que se trata es de confluir los modelos de las diferentes comarcas para definir uno catalán", que ayudará a tener más eficiencia.
