MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los responsables de Educación en Catalunya, Andalucía, Asturias, Canarias y País Vasco han manifestado su rechazo "absoluto" al borrador de real decreto por el que se establecen las características de las evaluaciones finales de Primaria, ESO y Bachillerato y han exigido al Ministerio de Educación su retirada.
Así lo han expresado en una rueda conjunta, previa a la Conferencia Sectorial de Educación, el viceconseller catalán, Joan Mateo; el consejero andaluz del ramo, Luciano Alonso; la consejera asturiana, Ana González; la viceconsejera vasca, Arantxa Aurregoetxea, y el presidente canario y consejero de Educación, José Miguel Pérez.
Todos han denunciado que el ministro José Ignacio Wert "desprecia" su opinión, pese a representar a la mitad de la comunidad educativa del Estado y le acusan de no querer negociar con ellos sobre política educativa.
Entre las razones esgrimidas por los responsables educativos se encuentra la intención del ministerio de "uniformizar", "homogeneizar", "controlar" a todas las comunidades autónomas a través de estas pruebas, e invadir sus competencias.
Asimismo, han criticado que las evaluaciones estén diseñadas para "segregar" al alumnado y han advertido de que el decreto no cuenta con ninguna previsión financiera.
CONDOLENCIAS POR LA MUERTE DEL PROFESOR
Estos responsables autonómicos, antes de expresar su opinión sobre el decreto de evaluaciones y el de los umbrales de renta para el acceso a las becas, han trasladado sus condolencias a la comunidad educativa de Catalunya por la muerte este lunes de un profesor a manos de un alumno en un instituto barcelonés.
Posteriormente, a las 12.00 horas, se han unido al minuto de silencio en el Ministerio de Educación, donde se celebrará la Conferencia Sectorial, junto al resto de consejeros y el ministro.
Luciano Alonso ha alertado de que los alumnos se van a jugar a una sola carta con las evaluaciones, que a su juicio, "rompen con el proceso de evaluación continua".
Además, ha subrayado que las evaluaciones no van a reflejar las competencias que posee el alumnado y que son indispensables para valorar si se han alcanzado los objetivos de cada etapa: "Esto generará competencias de primera (las que se evalúan) y competencias de segunda".
El consejero andaluz ha advertido de que el ministerio no aporta ninguna solución para el alumnado de cuarto de la ESO que no supere la prueba, pues "no tendrá título y se quedarán en tierra de nadie".
Sobre el decreto de umbral para el acceso a becas ha pedido que se incremente un cinco por ciento el umbral para que un mayor número de estudiantes puedan acceder a las ayudas, lo que en Andalucía supondría un impacto sobre 5.000 benefiarios.
La consejera de Educación de Asturias, Ana González, ha subido el tono en su intervención para criticar al ministro: "Representamos más del 50 por ciento del alumnado, familias y profesorado y el ministro no nos escucha y no lo ha hecho nunca.
En las reuniones técnicas, no nos deja negociar, y en las políticas tampoco y sólo recibe felicitaciones de los consejeros de los gobiernos (autonómicos) populares".
WERT, "UN SAINETE"
Para González los dos decretos son un despropósito porque tienen el objetivo de excluir al alumnado, "de ir echando a la gente del sistema educativo" porque, según ha dicho, a "Rajoy le sobra gente en el sistema".
"Las reválidas son innecesarias, no tienen finalidad educativa, no sirven para nada, sino solo para echar piedras en el camino del alumnado", ha subrayado la consejera asturiana, que ha tachado a Wert de sainete.
Para la viceconsejera vasca, que ha reclamado participación y consenso, lo más preocupante es la invasión de competencias del Ejecutivo regional que fueron "otorgadas y pactadas".
Además, ha indicado que el objetivo de las nuevas pruebas del final de cada etapa es uniformar y centralizar, controlando a las distintas administraciones educativas y a los centros de enseñanza, en vez de trabajar "desde la cercanía".
El consejero canario ha lamentado que, en las conferencias sectoriales, las comunidades autónomas se tengan que limitar a "recibir instrucciones" del Ministerio cuando, a su juicio, deberían ser un punto de encuentro para analizar, debatir y decidir conjuntamente.
