Un centenar de personas arropan a Homs en su declaración ante el TSJC por el 9N

BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Un centenar de personas se concentran desde las 9.00 horas de este lunes en la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para arropar al exconseller de Presidencia y ahora diputado de DL en el Congreso, Francesc Homs, que está citado para declarar a partir de las 9.30 horas por la celebración de la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014.

   Convocados por la ACM y las entidades soberanistas ANC, Òmnium y la AMI, los concentrados portan esteladas y ejemplares de las papeletas que se usaron para votar en la consulta del 9N.

   Su comparecencia se producirá de forma voluntaria después de que el magistrado del TSJC que investiga la causa, Joan Manel Abril, le ofreciese declarar antes de decidir si eleva la causa al Tribunal Supremo (TS), ya que es este el tribunal competente para investigarlo por su condición de aforado al ser diputado del Congreso.

   La Fiscalía pide que se investigue también a Homs al considerar que "tuvo un comportamiento consciente e intencionado de indudable trascendencia" para garantizar la celebración de la consulta, según explicó en su escrito al TSJC.

   Se basa en una carta del exconseller de Presidencia a la empresa contratada para diseñar los programas informáticos para las votaciones, a la que responde tras una solicitud de esta a la Generalitat para que le confirmen que sus servicios no iban a vulneraban la suspensión del TC.

OFRECIÓ LOS SERVICIOS JURÍDICOS

   En esta misiva, Homs legitimó la continuación de los servicios y "contiene la implícita advertencia de las consecuencias de un eventual incumplimiento por la contratista", según la Fiscalía.

   El conseller puso a disposición del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI) los servicios jurídicos del Govern para ejercer acciones contra el contratista si fuera necesario.

   En su respuesta a la empresa, Homs aseguraba que podían continuar con los trabajos porque no se vulneraba la suspensión del Constitucional y que se habían hecho consultas a los Servicios Jurídicos de la Generalitat y a otros "expertos en derecho penal, procesal, administrativo y constitucional".