Colau ve "irresponsable" que el Gobierno recurra al TC la ley de pobreza energética

BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado este viernes que es irresponsable que el Gobierno en funciones del PP recurra al Tribunal Constitucional (TC) la ley catalana de pobreza energética, y ha criticado que esta decisión es una imprudencia frente a una ley que fue aprobada por el Parlament por unanimidad.

Lo ha dicho en una atención a los medios, donde ha afirmado que el Gobierno en funciones del PP ha cometido el "atrevimiento y la arrogancia" de recurrir al TC una ley ajustada a la legalidad, con soberanía plena y aprobada por unanimidad, según ella, que fue aprobada en el Parlament después de ser impulsada por organizaciones sociales y con el apoyo de miles de firmas.

Colau ha insistido en que la ley cuenta con un amplísimo apoyo social y que, además, es un instrumento imprescindible para hacer frente a la situación de emergencia habitacional y a la "vergüenza" de los desahucios masivos que se producen en el Estado.

Ha subrayado que esta situación, que ha aseverado que se ha producido en el Gobierno central del PP en connivencia con grandes intereses financieros, y ha insistido en que desde el Parlament y las administraciones locales se está tratando de encontrar instrumentos junto a la ciudadanía para asegurar el derecho a la vivienda.

"Una vez más, el PP se sitúa con los bancos y los grandes poderes financieros en contra de la ciudadanía", ha expresado Colau, que ha dicho que el consistorio apoyará a la ciudadanía y no permitirá los abusos de poder.

RESPUESTA DEL AYUNTAMIENTO

Colau ha asegurado que desde el Gobierno municipal se valorará el contexto y se explorará el "máximo de capacidades" con las que cuenta el consistorio para seguir actuando en defensa de los derechos humanos y para dar cumplimientos al derecho a la vivienda.

"El recurso impugna la parte que corresponsabiliza a las entidades financieras y, por lo tanto, lo que hace es sobrecargar a los ayuntamientos que están obligados a garantizar el realojo, pero nos quita las herramientas que teníamos para conseguir esas viviendas vacías", ha dicho.