BARCELONA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sección 8 de la Audiencia de Barcelona ha condenado a dos años de prisión a seis exdirectivos de la Agencia Catalana del Agua (ACA), cuatro de ellos por revelación de información reservada, y dos de ellos por utilización de esta información, tras acordar contrataciones en reuniones con empresarios antes de licitarlas públicamente.
En la sentencia, recogida este viernes por Europa Press, la Audiencia también les condena con hasta cuatro años de inhabilitación especial por el delito de revelación y utilización de información reservada, y de cuatro a ocho años de inhabilitación por prevaricación.
Sin embargo, ha absuelto a los seis acusados del delito de malversación de caudales públicos que se les imputaba, ya que considera que no ha quedado acreditado el perjuicio de la ACA por estas contrataciones fraudulentas.
En la sentencia, la Sala sostiene que la contratación de unos trabajos para mejorar la calidad de las aguas fue "irregular" y benefició a la Unión Temporal de Empresas (UTE), en la que participaba la empresa de uno de ellos.
"La contratación llevada a cabo por la Agencia debía garantizar los principios de publicidad y libre concurrencia, debiéndose regir por la normativa de los contratos públicos", añade, mientras la sentencia dicta que sí que se llevó a cabo una contratación fraudulenta y con uso de información privilegiada que beneficiaba a los contratados.
Los magistrados inciden en que los enjuiciados, "conscientes del deber de sigilo que les obligaba su condición de funcionarios, se concertaron para anticipar información confidencial" respecto a la futura licitación de un contrato.
JUICIO
Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que los exresponsables de la corporación "fraccionaron de manera artificiosa el contrato de algunas tareas" para esquivar el concurso público y concederlas a dedo, y reprochó que la ACA adjudicó más de un millón de euros en contratos complementarios a empresas vinculadas a dos excargos, ahora condenados.
Las defensas dijeron que las pruebas en el juicio no acreditaban los delitos, y criticaron que la Fiscalía añadió una nueva acusación en el trámite de conclusiones finales, según la cual supuestamente reflejaron un sobreprecio del 3% en los contratos para enriquecerse, lo que los abogados negaron.
