Las defensas rechazan la prisión provisional alegando edad, salud y responder ante la justicia BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) - En su posicionamiento durante la vista celebrada este lunes ante la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona --tribunal que enjuició el caso Palau--, Castro ha negado que haya riesgo de fuga tras la condena, a diferencia de lo que argumenta la fiscal Marta Marquina: "Aquí está el señor Millet, como siempre ha estado en estos nueve años de procedimiento". Ha opinado que, con la condena de nueve años y ocho meses de cárcel de Millet, "incluso" se disminuye el riesgo de fuga en comparación con la situación previa, cuando Millet se enfrentaba a los 84 años de prisión que le solicitaba la acusación particular y a los 27 que pedía Fiscalía en su escrito de conclusiones provisional. Ha defendido que Millet tiene arraigo familiar en Catalunya, lleva nueve años casi "sin salir de su casa para nada", y que vive con su esposa y su hijo que padece de una discapacidad mental que requiere de su cuidado. Alega además que, debido a este caso, Millet no tiene bienes para fugarse y que, según la propia sentencia, "no constan otros bienes distintos que los aportados para sufragar el daño puestos a disposición de la justicia". Ha recordado que Millet sí tenía mucha capacidad económica cuando saltó el escándalo y entonces no huyó, sino que aportó todos sus bienes a la causa y colaboró en el esclarecimiento de los hechos: "La gran capacidad económica la tuvieron en su momento y no huyeron". Sobre su estado de salud, ha resaltado que tiene 82 años, graves problemas de movilidad debido a una severa escoliosis que le causa "importante impotencia funcional", y que va en silla de ruedas, además de que tiene diabetes e insufiencia renal. La defensa de Jordi Montull, Jorge Navarro, ha rechazado también la petición de la Fiscalía de que su cliente ingrese en prisión provisional, alegando la edad de Montull --75 años--, su estado de salud ya que tiene problemas cardíacos, y que ha cumplido "religiosamente" acudiendo a todas las citas con la justicia. Además, considera que el hecho de que el mismo tribunal que dictó sentencia sea el que decida sobre las medidas cautelares chirría y supone una pérdida de neutralidad, haciendo así un "reproche al sistema de garantías" porque se atenta, a su juicio, al derecho de un juez imparcial. La abogada del extesorero de CDC Daniel Osàcar, Judit Gené, se ha opuesto a la petición de que comparezca cada diez días en el juzgado ya que considera que dichas comparecencias "no son justificadas, necesarias y proporcionadas" y que, debido a los 82 años y estado de salud de su cliente -insuficiencia renal y cardíaca--, serían gravosas y difíciles de llevar. Ha cuestionado que su cliente pueda tener medios, fuerzas y ganas de eludir la acción de la justicia --lo que justificaría las medidas cautelares-- y ha asegurado que Osàcar y sus cuatro hijos y seis nietos viven en Barcelona: "No tiene ningún otro sitio donde desarrollar su vida que con su círculo familiar y amigos". Asimismo, ha recordado que el propio Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona), que instruye el caso 3% de presuntas comisiones ilegales de CDC, en el que Osàcar está investigado, revocó las comparecencias periódicas con informe favorable de Fiscalía. Respecto a la exdirectora financiera del Palau Gemma Montull, su abogado, Jorge Navarro, ha recordado que ella es la única que ha depositado una fianza para evitar el ingreso en prisión, de más de un millón de euros, y que siempre ha respondido al llamamiento de la justicia, además de que tiene un hijo adolescente.
