BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El delegado territorial de la ONCE en Catalunya, José Luis Pinto, declaró hoy en el juicio contra Domingo M.A., acusado de fingir ceguera tras un accidente de coche para cobrar una indemnización de la aseguradora, que nunca han existido "dudas objetivas" de que goce de visión. Pinto concluyó que, por este motivo, "no se ha iniciado ningún proceso" para expulsar al acusado de la organización.
Asimismo, el responsable de la ONCE en Catalunya sostuvo que el procesado es miembro de la organización porque, tras realizarse la certificación que él mismo encargó para tramitar la afiliación del acusado, se demostró que cumplía "todos los criterios necesarios".
Por otra parte, Pinto, que es "ciego legal" pero no total ya que conserva algo de visión, explicó al Tribunal que es posible que una persona ciega que no lo es de nacimiento tenga la tentación de coger un vehículo. Según reconoció, él mismo lo había hecho "para quitarse el gusanillo" aunque, eso sí, en el interior de un aparcamiento.
En el juicio celebrado en la Audiencia de Barcelona también declaró el que fue delegado de la ONCE en El Masnou (Barcelona) y que cursó la solicitud para admitir al acusado tras el accidente de coche que le habría causado la ceguera.
PRUEBAS PERICIALES.
Además, hoy se hizo el visionado del video encargado por la compañía aseguradora Mapfre a un detective privado. En la cinta, la acusación pretendía mostrar que el supuesto ciego realizaba actividades cotidianas con unos movimientos no acordes a los de una persona invidente.
También estaba previsto que declararan los peritos pero, ante la ausencia de uno de los propuestos por la acusación y la insistencia de la defensa en que la pericial se haga conjuntamente, el Tribunal suspendió la sesión hasta el próximo 27 de noviembre.
El Ministerio Fiscal entiende que el procesado engañó a los médicos que le examinaron y que no es ciego total, por lo que pide provisionalmente un año de cárcel para él y 18.500 euros de multa. Por su parte, la acusación particular, ejercida por la compañía aseguradora Mapfre, solicita seis años de prisión. La indemnización que la aseguradora debe pagar al procesado por las secuelas que padece, que asciende a 546.780,60 euros, está embargada como medida cautelar.
