BARCELONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
La Fundación Migra Studium detectó en 2017 la presencia de personas menores de edad, con graves problemas de salud o con discapaciad en el Centro de Internamiento de Extrangeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona, ha informado este jueves la entidad.
Según el informe publicado este jueves sobre visitas realizadas en 2017 por voluntarios de la entidad, pasaron por el CIE de la Zona Franca --que no tiene módulo de mujeres-- unos 1.820 hombres, "más del doble que el año 2015", ha subrayado Migra Studium, que ha acompañado a 208 internos con 624 visitas.
La entidad ha detallado que 44 de las personas visitadas, un 21,15%, "declaraban ser menores de edad" y solo tiene constancia de que tres de estos casos fueran reconocidos como menores y puestos en liberad, a cargo de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA).
"El equipo de visitas ha encontrado casos en los que no se daba credibilidad a los documentos aportados por el menor, incluso cuando contaba con el certificado de nacimiento o pasaporte", ha informado la entidad.
El informe también critica que el procedimiento para la determinación de la edad "se ha convertido más en otro ejercicio de una política migratoria restrictiva, que en un procedimiento donde prima la protección del menor".
En las visitas también se detectaron 22 personas con enfermedades crónicas como hepatitis C, hipertensión, diabetes o epilepsia y algunas manifestaban que no pudieron continuar con el tratamiento "a causa de su internamiento".
La entidad ha considerado "especialmente grave" que nueve personas que sufrían problemas psicológicos o enfermedades mentales no pudieran recibir atención adecuada por falta de personal especializado, y ha indicado que los voluntarios también encontraron a una persona ciega porque otro interno les informó.
Otras 28 personas visitadas en 2017 expresaron "haber sufrido, por parte de la policía, trato intimidatorio, degradante, o algún tipo de maltrato verbal" o trato racista, lo que motivó una queja conjunta dirigida al director del CIE el 30 de junio del año pasado firmada por 26 internos, según recoge el informe.
El estudio también indica que las expulsiones son ejecutadas sin notificar la hora, el itinerario, ni con "suficiente antelación como para que los internos puedan prepararse y avisar a sus abogados o sus familiares y amigos" en España o sus países de origen.
Ha criticado que el ministerio del Interior "continua criminalizando a las personas migrantes privadas libertad en los CIE", mientras que el 63,46% de las personas visitadas no presentaba antecedentes penales.
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