Detienen 57 personas de una red ilegal de regularización de extranjeros

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido 57 personas en Las Palmas, Barcelona, Valencia y San Sebastián en una operación para desarticularizar una red ilegal dedicada a la regularización de ciudadanos extranjeros de nacionalidad china a los que daban de alta en la Seguridad Social como empleados del hogar.

Según ha informado el Ministerio del Interior este sábado en un comunicado, los ciudadanos chinos nunca llegaban a trabajar como empleados del hogar y una vez obtenida la residencia regresaba a Barcelona, donde estaban afincados, para trabajar en el sector textil.

La organización conseguía empleadores, españoles y extranjeros con permiso de residencia, que les dieran de alta en la Seguridad Social, a los que pagaban entre 1.500 y 2.000 euros por cada extranjero que daban de alta.

Los ciudadanos chinos abonaban a la organización unos 8.000 euros por los servicios prestados.

El cabecilla de la red obtenía la mayoría de los empleadores en su entorno laboral, pues gran parte de los detenidos por falsedad documental y por pertenencia a grupo criminal son trabajadores del sector hostelero de la isla de Lanzarote, donde operaba la organización, principalmente.

COLABORACIÓN DE UNA FUNCIONARIA

La red contaba con la colaboración de una funcionaria --empleada del padrón municipal-- del ayuntamiento de una localidad lanzaroteña, que facilitaba la inscripción de estos ciudadanos irregulares, trámite necesario para la regularización.

Los agentes descubrieron a casi treinta personas empadronadas en el domicilio del cabecilla de la organización y otras cuatro en el de la propia funcionaria, que también habría dado de alta a supuestos empleados del hogar de nacionalidad china.

Además, la organización también contaba con la apariencia legal que se daba a las contrataciones desde una gestoría --el responsable de la cual también ha sido detenido--, que proporcionaba nóminas y contratos falsos para que el resto de implicados pudieran presentarlos en las instituciones públicas si se investigaban esas relaciones laborales.