BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
Entidades sociales han exigido este martes que cesen los "ataques indiscriminados" hacia la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) y su portavoz, Ada Colau, han informado nueve asociaciones en un comunicado conjunto.
Lo han pedido la comisión de Defensa del Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (Icab); la comisión de Derechos Humanos del Col·legi d'Advocats de Girona; el Observatori del Drets Econòmics Socials i Culturals (Desc); Justícia i Pau; la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (Confavc); la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB); el Observatori dels Sistemes Penals de la Universitat de Barcelona (UB); el Institut de Drets Humans de Catalunya y la Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans (ACDDH).
Las entidades han alertado de que dichos ataques pueden comportar una "criminalización preventiva" de la protesta ciudadana y la desnaturalización de los derechos fundamentales necesarios para la existencia de una sociedad democrática.
Su posicionamiento llega después de que este lunes la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, acusara a Colau y a la PAH de apoyar a "grupos proetarras", a lo que la activista contestó que no descartaba tomar acciones legales contra la delegada y otros dirigentes del PP por otras acusaciones.
Estas nueve entidades consideran que las "graves descalificaciones injuriosas" que ha recibido la plataforma ciudadana durante los últimos días --también desde los medios de comunicación y las redes sociales-- desbordan de forma clara el derecho a la crítica y a la libertad de expresión del artículo 20 de la Constitución.
Por ello, han defendido que estas actuaciones suponen una vulneración del derecho al honor, reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución, además de una "manifestación de menosprecio y descrédito absolutamente contrarios al ordenamiento jurídico español", que impide el legítimo derecho de protesta.
Además, han puntualizado que utilizar la "cuestión terrorista" para descalificar a los activistas de los derechos humanos y a los afectados por las hipotecas resulta una actitud frívola y absolutamente peligrosa, han destacado.
Han deplorado que esta actitud "banaliza un fenómeno que ha causado mucho sufrimiento en la sociedad en general y, en particular, a las víctimas directas que lo han sufrido", especialmente porque la PAH ha dado muestras públicas de su pacifismo y ha rechazado explícitamente los postulados de ETA.
En tercer lugar, han manifestado que las declaraciones demuestran el desconocimiento de la "dramática situación de miles de familias desahuciadas" que son víctimas de abusos condenados por los tribunales europeos --han declarado ilegal la ley española-- y que, en cambio, no han recibido ninguna respuesta concreta por parte de las instituciones públicas.
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