BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragons, se ha comprometido este miércoles a destinar el 2% de los próximos Presupuestos del Govern en políticas culturales y trabajar para que se invierta 200 euros por habitante en cultura, de los cuales el 35% --es decir, 70 euros-- los ponga el Ejecutivo catalán.
Lo ha explicado en un acto de campaña en Barcelona, en la que los republicanos han presentado sus propuestas para cultura, junto al presidente del Parlament y número tres, Roger Torrent; la número cuatro, Najat Driouech; la cabeza de lista por Tarragona, Raquel Sans; el número dos por Girona, Sergi Sabri; la número 10 por Barcelona, Jenn Díaz, y el 17, Juli Fernndez.
Aragons ha defendido que la próxima legislatura debe servir para hacer un gran avance en la inversión en políticas culturales, que ha reconocido como uno de los sectores que ha sufrido más las restricciones por la pandemia, y ha reivindicado que la Generalitat debe protagonizar este aumento de la inversión "doblando" el presupuesto en cultura.
También ha prometido impulsar un 'hub audiovisual' para potenciar el sector en catalán y ha erigido a ERC como la garantía de los derechos lingüísticos de los catalanes.
Entre otras propuestas, los republicanos han reclamado al Estado la rebaja del IVA cultural al 4%, que hasta finales de 2021 debería ser del 0% para compensar el impacto del coronavirus en el sector, hacer un plan de equipamientos culturales, y en el ámbito audiovisual quieren potenciar el liderazgo de la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals (CCMA), renovar su dirección y apostar por una apuesta "desacomplejada" por el contenido infantil, adolescente y juvenil.
También han abogado por garantizar que el catalán esté en todas las plataformas digitales, fomentar el catalán en las redes sociales, cumplir la Ley del cine para garantizar la presencia del catalán, y trabajar para que todos los productos que se vendan en Catalunya se etiqueten en catalán, algo que quieren conseguir a través de la normativa de protección a los consumidores.
