Estatut.- Bargalló dice que no le sorprenden las declaraciones de Hernando pero que la dimisión "no es una solución"

BARCELONA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'conseller primer' de la Generalitat, Josep Bargalló, aseguró hoy que "no me extrañan" las declaraciones efectuadas por el presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, en las que equiparaba aprender catalán y bailar sevillanas, y "como filólogo y miembro de la Sección de Lengua-Literatura del Institut d'Estudis Catalans (IEC)" denunció que "científicamente no se aguantan por ningún lado",

Tras la firma de un convenio con el IEC, Bargalló remarcó que a diferencia de los poderes ejecutivo y legislativo "en el poder judicial no hay autonomía", por lo que pidió "adecuar la justicia a las reglas de juego modernas y democráticas".

El 'conseller primer' no consideró necesaria la dimisión del presidente del TS por las citadas declaraciones, ya que "no sería una solución", sino que insistió en la necesidad de situar el poder judicial "al mismo nivel que los otros".

Bargalló también recordó el proceso de nombramiento de algunos cargos "no es independiente", por lo que en las últimas semanas "estamos viviendo la aparición en público de una serie de altos cargos que fueron nombrados en épocas de mayoría absoluta del PP".

En la misma línea, lamentó que un persona que "está al servicio público y que debe garantizar el cumplimiento de la ley desconozca los derechos y deberes lingüísticos", aunque remarcó que "no le sorprende" este "desconocimiento" teniendo en cuenta que "el acceso al cargo se produce a través de un proceso político".

HISTORIALES MEDICOS SUPERVISADOS.

Por otro lado, Bargalló se refirió al plan piloto que lleva a cabo la Generalitat para comprobar si los hospitales y los médicos usan el catalán, que incluye la supervisión de historiales médicos, y comentó que "cuando el diario 'El Mundo' acabe de publicar los artículos que ponen en duda la política lingüística de la Generalitat haremos una valoración".

El dirigente republicano explicó que este estudio se inició en 2003 "con el anterior gobierno" y "contiene todos los procedimientos legales que se especifican en la Agencia de Protección de Datos", por lo que "se garantiza el derecho a la intimidad del usuario".