VALENCIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno valenciano presentará el próximo mes de septiembre un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Autonomía de Catalunya, en el que impugnará la regulación de los trasvases y también baraja incluir las disposiciones referidas al Archivo de la Corona de Aragón y los preceptos en materia financiera que establezcan "privilegios" para la comunidad catalana, según informaron fuentes de la Generalitat Valenciana.
El Consell ha decidido recurrir el punto cuarto del artículo 117 del nuevo Estatut --que establece que la Generalitat catalana debe emitir un informe preceptivo para cualquier propuesta de trasvase de cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos de su ámbito territorial--, ya que el Ejecutivo valenciano considera que esto "sólo puede ser exigido por legislación estatal".
La Generalitat ya avanzó el 23 de junio, a través de su portavoz, Vicente Rambla, que los servicios jurídicos estaban preparando un recurso de inconstitucionalidad contra este artículo por entender que, a través de este texto, la Generalitat catalana se arroga competencias exclusivas en la determinación de los excedentes hídricos que pueden ir a otras cuencas deficitarias de España.
Además, el Consell se plantea impugnar la disposición adicional decimotercera del Estatut al considerar que implica "desmembrar el Archivo de la Corona de Aragón y atribuir a Catalunya una posición privilegiada en su gestión", según indicaron las mismas fuentes.
Esta disposición establece que "los fondos propios de Catalunya situados en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona se integran en el sistema de archivos de Catalunya". También añade que, "para la gestión eficaz del resto de fondos comunes con otros territorios de la Corona de Aragón, la Generalitat debe colaborar con el Patronato de la Corona de Aragón, con las demás comunidades con fondos compartidos y con el Estado a través de los mecanismos que se establezcan de mutuo acuerdo".
Igualmente, la Generalitat prevé recurrir "aquellos preceptos en materia financiera que establezcan privilegios para Cataluña", y alude en concreto a la disposición adicional tercera, "que establece un porcentaje mínimo de inversión estatal en Catalunya", indicaron las mismas fuentes.
Este precepto establece que "la inversión del Estado en Catalunya en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del PIB de Catalunya con relación al PIB del Estado para un periodo de siete años" y que "estas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas".
La ley orgánica de reforma del Estatut entró en vigor hoy, tras los 20 días naturales de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
