El órgano de gobierno de los jueces estudiará su petición en la Comisión Permanente del próximo jueves
BARCELONA/MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
El exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) Daniel de Alfonso ha solicitado formalmente por correo ordinario al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su reingreso en el servicio activo como magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona.
La decisión sobre de Alfonso, cesado por el Parlament de Catalunya tras conocerse el contenido de las conversaciones que mantuvo con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz en su despacho ministerial, formará parte de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces del próximo jueves, han informado fuentes de este órgano.
Se da la circunstancia de que la actuación del juez en excedencia se encuentra sometida a investigación después de que, el pasado 14 de julio, la Fiscalía del Tribunal Supremo encomendara a los departamentos provinciales de Madrid y Barcelona la apertura de diligencias informativas para aclarar si pudo cometer delitos de revelación de secretos y de malversación de caudales públicos en relación con lo ocurrido en el despacho de Fernández Díaz.
Concretamente, la Fiscalía del Supremo indicó que las fiscalías de Madrid y Barcelona eran las competentes para estudiar los "hechos denunciados" ante el alto tribunal por ERC, PSC y Catalunya Sí que es Pot "relativos a personas no aforadas", como lo es De Alfonso.
A la primera le corresponderá valorar si De Alfonso incurrió en un delito de revelación de secretos, mientras que la Fiscalía de Barcelona deberá investigar "una posible malversación de caudales públicos" por su parte.
ERC presentó una querella en la Fiscalía de Barcelona --que posteriormente fue remitida al Tribunal Supremo-- contra los De Alfonso y el propio ministro en la que denunciaba que ambos tenían intención de desprestigiar a la formación catalana; mientras que Catalunya Sí que es Pot acusaba a De Alfonso de un delito de prevaricación administrativa por cursar instrucciones o dictar resoluciones de inicio, impulso, paralización o concatenación de actuaciones con el fin de perjudicar a una persona, para menoscabar su crédito u honorabilidad.
