En la última década se quintuplican los conciertos neonazis, según Movimiento contra la Intolerancia
BILBAO, 25 May. (EUROPA PRESS) -
Fiscales progresistas han avisado este viernes de la existencia de 1.000 páginas web españolas, entre webs, blogs y redes sociales, que incitan al odio y a la discriminación, que funcionan a través de servidores de Estados Unidos, aprovechando que la primera enmienda de la Constitución norteamericana sobre la libertad de expresión impide su castigo.
Son datos del proyecto europeo 'Stop Hate Crimes' que ha presentado el fiscal especial contra delitos de odio y discriminación de la Fiscalía de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, en el Congreso de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) que se celebra hasta este sábado en Bilbao.
También se han quintuplicado los conciertos clandestinos de tendencia neonazi en el Estado en la última década, pasando de cinco en 2000 a 23 en 2011, según datos aportados por el Movimiento contra la Intolerancia, que también ha participado en dicho proyecto.
En declaraciones a los medios, el presidente de esta asociación, Esteban Ibarra, ha argumentado que los conciertos permiten la "fanatización" de una doctrina que se asume en Internet y que se materializa en la calle con agresiones por intolerancia que ha cifrado en 4.000 al año.
La crisis económica es la principal razón que explica el aumento de casos ya que, según Aguilar, es un "caldo de cultivo" muy adecuado para culpabilizar sobre todo a los inmigrantes y ahondar en la estigmatización fácil, que ha aumentado en los últimos dos años contra los colectivos de gitanos inmigrantes, musulmanes y homosexuales.
Aguilar ha alertado de que el 82% de las víctimas del odio no denuncian porque se trata de víctimas que no son "militantes", con lo que desisten si no hallan una complicidad con los funcionarios quienes, según él, deberían recibir más formación para sensibilizarse con esta problemática.
PROPUESTAS APROBADAS
La UPF ha aprobado las propuestas de Aguilar para detener el crecimiento de manifestaciones de xenofobia, el racismo y la intolerancia asociada, con lo que han consensuado pedir el cierre de webs y expresiones de 'ciberodio' y su ilegalización, además de la puesta a disposición judicial de los grupos y organizaciones racistas y neonazis.
También han instado a las instituciones y gobiernos europeos --incluso España-- a que apliquen la Decisión Marco de Derecho Penal contra el Racismo y la Xenofobia de la UE, puesto que el Código Penal no prevé responsabilidades penales para las personas jurídicas, como ha sucedido con la librería Europa de Barcelona que no se ha podido clausurar.
Otra de las propuestas aprobadas es la reclamación de la creación de fiscalías, instrumentos jurídicos y policía especializados en este tipo de delitos, puesto que, por ejemplo, en el Estado sólo existe una fiscalía especializada en Barcelona.
