La Generalitat debe más de 13 millones a entidades que prestan acogida residencial a la Dgaia

BARCELONA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederació del Tercer Sector Social ha alertado este lunes de que "persisten los retrasos" en el pago de los servicios públicos de atención residencial a la infancia por parte de la Generalitat, con una deuda acumulada que supera los 13 millones de euros, una queja a la que se ha sumado la Federación de entidades de atención a la infancia (Fedaia).

En un comunicado este lunes, la organización empresarial ha señalado que 6 millones se corresponden a facturas de septiembre --que debían abonarse a finales de noviembre-- y los otros 7 millones a facturas anteriores, y son de entidades que dan servicio a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia).

Esta situación "genera graves tensiones de tesorería a las entidades sociales y pone en riesgo tanto la sostenibilidad de los servicios como el cumplimiento de las obligaciones laborales", en entidades que gestionan servicios como centros residenciales de acción educativa (Crae), pisos asistidos para jóvenes, servicios de emergencia y centros de acogida, entre otros.

Los retrasos en los pagos obligan a las entidades a financiar los servicios con recursos propios y en muchos casos a endeudarse con los bancos, con el correspondiente pago de intereses y el "encarecimiento final de los servicios".

Ante el perjuicio y la complejidad de la situación para las organizaciones, La Confederació ha afirmado que está estudiando "la posibilidad de promover la reclamación de los intereses de demora para paliar el impacto económico y poner fin a una dinámica insostenible".

La organización ha recordado que el tercer sector hace meses que reclama un plan de recuperación y mejora de la financiación del conjunto de servicios sociales y de atención a las personas para mejorar su calidad y las condiciones laborales de los trabajadores, ya que las tarifas están congeladas desde hace diez años.

FEDAIA

Por su parte, la Fedaia ha alertado de que "la inseguridad jurídica y económica derivada de los retrasos y de varias incidencias en el sistema público de contratación genera graves dificultades, tensiones y malestar" en las organizaciones y sus profesionales.

Se trata de una infrafinanciación que ve como crónica, y que supone "una vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades, de la Ley de Infancia y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños".