La Generalitat indemnizará a la familia de la cocinera asesinada por un preso en Tarragona

TARRAGONA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat ha aceptado indemnizar con 40.400 euros a cuatro familiares de Núria López, la cocinera que fue asesinada en marzo de 2024 por un preso del Centro Penitenciario Mas d'Enric (Tarragona), han explicado fuentes de la conselleria a Europa Press.

Según ha avanzado 'El País', el procedimiento de indemnización sigue su curso y actualmente cuenta con una resolución administrativa del departamento que reconoce una indemnización para los familiares establecida conforme a los "baremos y criterios marcados por la jurisprudencia".

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Dichas fuentes explican que se han adoptado "diversas" medidas de seguridad y organizativas para prevenir que pueda volver a producirse un episodio como éste, y lo ejemplifican en la entrada en vigor del pasado septiembre de una circular por la que se redefinían los criterios de distribución de tareas entre los internos.

En ella, se impedía que los penados por delitos de extrema violencia puedan acceder a objetos peligrosos como los que se hallan en la cocina, donde López fue asesinada.

TRES "ERRORES" EN TRES ÁREAS

Según 'El País', la Generalitat ha identificado tres "errores" en tres áreas distintas: la dotación, textualmente, deficitaria personal y técnica en el área de vigilancia penitenciaria; los, en sus palabras, déficits y falta de rigor en la evaluación del homicida en el ámbito de la rehabilitación y una aplicación, a su juicio, incorrecta y deficitaria de la herramienta que valora la situación del interno, a quien se le otorgó un grado de riesgo bajo.

El citado medio apunta que la Generalitat ve una "falta de aplicación y de seguimiento riguroso de los procedimientos existentes" en la presencia del preso en la cocina ya que siguió con sus labores pese a ser sancionado por una falta muy grave por golpear a otro interno.

Las fuentes de la Conselleria añaden que el ente está "totalmente" comprometido con la seguridad de los funcionarios de prisiones y que se trabaja para mejorar sus garantías laborales, como se busca a través del reconocimiento de la condición de agentes de la autoridad --una medida que se encuentra en este momento en tramitación parlamentaria.