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Defiende la posición activa del Gobierno para "preservar" la legalidad
MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha asegurado este viernes que no permitirán "actos de naturaleza ilegal", como que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, saque las urnas a la calle.
También han recurrido las aportaciones económicas de 28 municipios a la Associació de Municipis per la Independència (AMI) para promover la independencia.
"Este Gobierno ya está actuando y tomando decisiones", ha afirmado rotunda la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros cuando se le ha preguntado si pueden garantizar que Mas no colocará urnas en la calle el 9 de noviembre.
Según Sáenz de Santamaría, los ciudadanos deben tener la completa seguridad de que el Gobierno del PP cumple y hace cumplir las leyes: "Y las hará cumplir. Ningún Gobierno, y éste no lo va a hacer, va a permitir actos de naturaleza ilegal".
Ha recordado que Mas es presidente de la Generalitat gracias a la Carta Magna y las leyes, y ha añadido que "todos" están sujetos a la ley porque son la base de la convivencia.
"No es bueno ver a un cargo público hablar en los términos en que lo hace", ha declarado, para recordar que hace pocos meses el propio Mas era muy consciente de que la legalidad obliga a todos, y ha añadido que el Gobierno tiene que ser "el gobierno de las leyes y no de las voluntades de algunos hombres".
Preguntada después si el Ejecutivo tiene previsto actuar contra la AMI, Sáenz de Santamaría ha indicado que el Ejecutivo ya está tomando decisiones sobre aspectos que afectan a esa asociación.
Así, ha señalado que hay casi 30 ayuntamientos que ha realizado aportaciones de naturaleza económica a la AMI "para ayudar a esos esfuerzos en el cumplimiento de ese calendario" por la independencia.
Según ha agregado, 28 de esas aportaciones han sido ya recurridas por la Delegación del Gobierno en Catalunya ante la jurisdicción contencioso-administrativa: "El Estado, a través de la Abogacía del Estado, está recurriendo aquellas decisiones de ayuntamientos que están colaborando con esas asociaciones para perseguir un fin que nuestra Constitución no ampara".
En este sentido, la vicepresidenta ha subrayado que, aunque la resolución de esos recursos aún está pendiente de los tribunales, ha habido una posición muy activa por parte del Gobierno de Rajoy para "preservar la legalidad", reaccionando contra aquellas actuaciones que considera contrarias a la Constitución.
