La PAH critica la nueva normativa y se desmarca del pacto
BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, ha anunciado este jueves un "acuerdo" del grupo encargado de redactar la nueva ley de emergencia social para sortear la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que suspendió la anterior norma sobre el mismo tema.
En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, ha afirmado que el grupo ha acordado "un texto jurídicamente sólido que da respuesta a los artículos suspendidos y da herramientas a los actores que tienen que dar soluciones inmediatas a las necesidades de emergencia en el ámbito de la vivienda".
La consellera ha explicado que la nueva ley permitirá utilizar de "forma temporal la viviendas vacías de entidades financieras para darles un uso social" y que se hará servir un sistema de expropiación temporal del uso de la vivienda, que permitirá usarla en un período de entre 4 y 10 años.
"Obligaremos a las entidades financieras a darnos estos pisos en perfecto estado", ha asegurado la consellera, que ha dicho que en las próximas semanas se iniciará el trámite de exposición pública de la ley, que luego deberá tramitarse en el Parlament.
La norma también prevé un sistema para que las entidades bancarias y grandes propietarios ofrezcan un alquiler social a las familias vulnerables que estén a punto de ser desahuciadas, lo que el Govern considera que servirá para evitar desahucios y para no poder echar a nadie si no se le ofrece un alquiler social.
La iniciativa de hacer esta ley partió del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que planteó hacer una nuevo norma para "sortear" los recursos que el Gobierno central había presentado contra la ley emergencia social que aprobó el Parlament en 2015.
ACUERDO PARCIAL
Borràs ha explicado que el texto está "ampliamente acordado" entre la Generalitat, el Consell del Col·legi de l'Advocacia, y la dos entidades municipalistas de Catalunya, la Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), pero no ha incluido a la PAH, que también formaba parte del grupo de trabajo.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha criticado en un comunicado este jueves que la propuesta de ley será difícil de aplicar y "se queda corta" para responder a la actual emergencia habitacional, porque cuenta con mecanismos lentos, limitados en algunos casos a actuaciones voluntarias, y han augurado que tendrá pocos resultados.
Por ejemplo, aseguran que la nueva ley ha sustituido la cesión obligatoria de la Ley 25/2015 por la utilización temporal de viviendas por interés social, una medida con limitaciones que dificultan la aplicación urgente, además de aplicarse solo a un registro de pisos vacíos al que no es obligatorio inscribirse, ha señalado.
Uno de los artículos clave de la ley obligaba a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social para evitar desahucios, y la PAH ha observado que el nuevo texto obliga al realojamiento obligatorio por impago, pero se limita solo "a los titulares del registro de pisos vacíos de la Generalitat" --entidades financieras y fondos de inversión--, sin dar respuesta a otros casos de impagos de alquiler, que ha dicho que son la gran mayoría.
