El 2018 se cerró con una dotación de 10.400 millones, la más alta de la historia
BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha anunciado que el presupuesto de 2020 para la Conselleria de Salud tendrá un incremento de más de 900 millones de euros respecto al último presupuesto aprobado, que es el de 2017 y que contó con una cifra de 8.876,11 millones, lo que supondrá un aumento del 10%.
Así lo han explicado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, junto a la consellera de Salud, Alba Vergés, este viernes en la inauguración de la exposición sobre la salud en Catalunya bajo el título 'Universal. La Salut a Catalunya' en el Palau Robert.
El vicepresidente ha insistido en la necesidad de seguir avanzando para cumplir nuevos objetivos, y ha asegurado que el Departamento de Salud es "el principal del Govern, no solo desde el punto de vista de la importancia, sino también desde el punto de vista presupuestario".
"En 2018 cerramos la ejecución del año con un gasto de 10.400 millones de euros, la más alta de la historia, dejando de lado etapas de restricciones presupuestarias", y ha anunciado que el presupuesto de 2020 tendrá un incremento de más de 900 millones de euros, con lo que alcanzaría los 9.776 millones de euros.
UN SISTEMA DE REFERENCIA
Por su parte, Vergés ha querido destacar los aspectos más positivos del sistema sanitario catalán: "Somos líderes mundiales en trasplantes; referentes en investigación y en compra pública innovadora; estamos en el 'top 10' de ensayos clínicos y tenemos una de las mejores tasas de supervivencia del mundo".
Aragonés también ha hecho hincapié en la necesidad de dibujar unos retos estratégicos para "una contribución que Catalunya pueda hacer al mundo en el ámbito de la salud", y ha explicado que el territorio se sitúa ya como uno de los centros mundiales contra el cáncer.
"SANIDAD PARA TODAS"
A raíz de la convocatoria, el colectivo feminista Pasucat ha convocado este viernes una concentración frente al Palau Robert para denunciar la vulneración y negación del derecho a la atención sanitaria de las personas migradas.
Según la agrupación, "ni la legislación estatal ni la ley catalana de universalidad de la asistencia sanitaria contemplan la atención sanitaria a las mujeres y personas embarazadas --tanto si deciden continuar como interrumpir su embarazo-- que no tengan tarjeta sanitaria del sistema nacional de salud".
Consideran además que se trata de una vulneración de los derechos humanos que comporta consecuencias graves para estas personas, a las que se les excluye mediante criterios discriminatorios, y exigen que el sistema de salud sea "realmente público, universal, de calidad y con perspectiva integral y feminista, en sus palabras".
