Educación prevé que en 5 años se tripliquen los alumnos en situación de vulnerabilidad
BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat podrá programar la oferta de plazas escolares en los centros educativos catalanes para evitar la segregación, especialmente en los casos de alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) derivadas de problemas socioeconómicos.
Es lo que prevé el Decreto de la programación de la oferta educativa y del procedimiento de admisión en los centros del Servei d'Educació de Catalunya --que incluye a públicos y concertados--, que nace del Pacte contra la Segregació Escolar y que ha aprobado este martes el Consell Executiu, según ha explicado la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, en rueda de prensa telemática.
Budó ha destacado que el texto "es una de las medidas más importantes en la política educativa de esta legislatura", y ha subrayado que se incorpora la pobreza como la principal situación determinante para las NEE derivadas de situaciones socioeconómicas.
El decreto estima, en su memoria económica, que el alumnado vulnerable socioeconómicamente se triplicará desde los 65.000 estudiantes actuales hasta los 215.000 en cinco cursos.
Fuentes de la Conselleria de Educación han explicado que la programación "debe evitar situaciones de sobreoferta" que acaben derivando en vacantes, ya que la experiencia demuestra, han detallado, que los centros con más complejidad educativa son los que acaban acumulando las plazas vacías.
FUNCIONAMIENTO DEL DECRETO
En este sentido, el decreto busca redefinir la llamada 'matrícula viva' --la que se produce una vez finalizada la preinscripción--, una práctica muy relacionada con las familias inmigrantes que llegan a Catalunya a medio curso y que tienden a concentrarse en los centros de máxima complejidad.
Se potenciará el rol de las estructuras de ámbito local, como las mesas locales de planificación, las comisiones de participación en la programación de oferta y las oficinas municipales de escolarización (que recibirán ayudas para su creación y funcionamiento).
El decreto también obliga a los municipios de más de 10.000 habitantes a establecer, en un plazo de 9 meses, las llamadas "zonas educativas", que actuarán como unidades de referencia para programar la oferta educativa, con el objetivo de evitar que se formen guetos.
CERRAR RATIOS
Una de las pocas medidas del decreto que se podrá aplicar en el curso 2021/22 --el resto dependen de cambios en el aplicativo informático y se dejan para el curso siguiente-- será la limitación de las ratios profesor-alumno para lograr una distribución equilibrada del alumnado.
Las ratios también podrán "cerrarse" una vez empezado el curso en las zonas en que haya centros con alta concentración de estudiantes en situación de pobreza, así se pretende evitar que en ellos queden muchas plazas vacantes.
Además, se podrá establecer una proporción máxima de alumnado vulnerable en los centros y, si un grupo de familias se pone de acuerdo, se podrán hacer peticiones colectivas de matriculación en centros con alta proporción.
El texto también establece una fase previa de asignación entre centros: cada escuela de primaria tendrá asignado un instituto de su zona y garantizará que todos los alumnos tienen plaza sin que las familias hagan la preinscripción: esto "reducirá la carga burocrática de los centros y las preocupaciones de las familias", han asegurado desde el departamento.
COMPENSACIÓN ECONÓMICA
El próximo curso se aumentará de unos 500 a 988 euros la aportación suplementaria anual a los centros concertados por cada alumno vulnerable que escolaricen, y en el caso de los públicos, se irá aumentando progresivamente, empezando por 320 y terminando en 641 euros al cabo de unos años.
No obstante, fuentes del departamento han aclarado que no todos los centros optarán a estos aumentos, sino únicamente los que hagan una "apuesta muy clara" con la asunción de un mínimo del 10% de alumnos en situación de pobreza.
El decreto prevé un impacto presupuestario de 162 millones de euros al cabo de 5 años, 92 para los centros públicos y 70 para los concertados; para el curso 2021/22 se destinarán 37 millones.
DERECHO DE ELECCIÓN
Fuentes de la Conselleria de Educación han descartado que el decreto limite el derecho a la elección de centro de las familias: "En ningún caso fuerza a que se pueda imponer un centro determinado a una familia".
Además, han defendido que "no hacer nada, que la administración educativa no asuma una actitud activa, no haría más que aumentar la segregación".
Andalucía
