BARCELONA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat sopesa llevar al Tribunal Constitucional (TC) el decreto del Gobierno central que obliga a la Generalitat a pagar la escolarización en centros privados a los alumnos de familias que rechacen la inmersión lingüística en catalán, y este martes ha hecho el primer paso para hacerlo.
En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha concretado que la Generalitat presentará ante el Gobierno central un requerimiento de incompetencia, y si el Estado lo rechaza, luego pedirá un dictamen preceptivo al Consell de Garanties Estatutàries (CGE), cuyo aval requiere para llevar este decreto al TC.
Este decreto supone "una invasión, y va en detrimento de las competencias propias de la Generalitat en materia de educación y de lengua", ha concretado la Generalitat en un comunicado.
Para el Govern, el Estado no tiene competencias para regular este ámbito y, además, el decreto es contrario al régimen lingüístico educativo que establecen el Estatut y la Ley de Educación de Catalunya (LEC).
El Consell Executiu también ha acordado este martes solicitar un dictamen al CGE sobre si se adecua al Estatut y a la Constitución el decreto estatal de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
