BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS)
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de medidas urgentes para la vivienda, promovida por las juventudes del sindicato UGT, continúa su tramitación siete años después de la entrega al Parlament tras la aprobación por unanimidad de la Cámara catalana este jueves.
En la explicación de la ILP, dos de los impulsores, Chakir El Homrani y Afra Blanco, han remarcado su indignación por lo que supone debatir esta iniciativa siete años después de haberla presentado, por lo que Homrani ha preguntado si "hay algún tipo de explicación razonada y razonable por la que haya tardado tanto".
Blanco ha añadido que los diputados "tienen una segunda oportunidad, a diferencia de miles de ciudadanos y ciudadanas que han sido desahuciados", por lo que les ha instado a no volver a fallar.
Todos los grupos parlamentarios han expresado su preocupación por la lentitud del proceso, han asumido la responsabilidad y han remarcado que ya han modificado la ley para que a las ILP futuras no les ocurra lo mismo.
El secretario general de C's, Matías Alonso, ha instado a los diputados a "empezar a entonar el 'mea culpa' colectivo por el hecho de que un instrumento de participación ciudadana haya estado demasiado tiempo relegado de los poderes públicos que tienen que dar su cumplimiento"
El diputado de ERC Roger Torrent ha destacado que los impulsores "tienen toda la razón del mundo para indignarse, a estar enfadados y hasta dudar de la utilidad de esta Cámara".
PROPUESTAS NUEVAS
En materia de vivienda, el diputado del PP catalán Pere Calvó ha asegurado que tendrán que ser revisadas las propuestas de la ILP porque "como los problemas son diferentes a los que había antes, hay que aportar soluciones diferentes".
El diputado de ICV-EUiA Salvador Milà ha lamentado que se diga que el dinero para políticas de vivienda está mal administrado, y ha manifestado que esperan que "las partidas para vivienda sociales se incrementen, porque son miserables".
El diputado socialista Jordi Terrades también ha instado al Govern a que "se plantee de manera seria, con recursos presupuestarios, la rehabilitación y el mantenimiento del parque público de vivienda de alquiler".
Por parte de la CUP, Quim Arrufat ha remarcado que hay 450.000 pisos vacíos, de los que 100.000 pertenecen a la banca, por lo que ha propuesto dar salida a las existencias actuales, ya que "es más que la demanda acreditada".
Sin embargo, la diputada de CiU Meritxell Roigé ha defendido la actuación de la Generalitat por considerar que este tema es una prioridad para el Govern, aunque también ha reconocido que "hay que seguir trabajando para que los que más sufren tengan derecho a una vivienda".
