BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha citado a declarar el viernes 22 de marzo al exsenador de ERC y juez Santi Vidal, investigado en la causa sobre el 1-O, ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
El juzgado le ha citado para ese día a las 16 horas, y lo ha acordado tras recibir una petición del investigado, que ya compareció en este mismo juzgado, ante el magistrado fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer, el 13 de febrero de 2018.
En ese momento, Vidal solo respondió a su abogada y manifestó que sus afirmaciones en febrero de 2017 sobre que el Govern tenía datos fiscales de los catalanes de manera ilegal y que había una partida para el referéndum no eran ciertas, y que lo dijo en el marco de un acto político.
Ese día, Vidal enmarcó afirmaciones como que la Generalitat tenía los datos fiscales de todos los catalanes pese a ser ilegal, que sabía qué jueces se quedarían cuando Catalunya fuera independiente y que había partidas ocultas para el referéndum en temas que se estaban debatiendo pero no eran una realidad.
"Yo presenté mi dimisión porque fui consciente de que mis manifestaciones (que no había contrastado y no puedo decir de ninguna de las maneras que sean ciertas) excedían el ámbito de mis competencias y de lo que podía decir", dijo.
La investigación en este juzgado sobre la logística del 1-O, por el que hay una cincuentena de investigados, arrancó precisamente por estas declaraciones, a raíz de denuncias de Vox y el abogado Miguel Durán.
A partir de estas denuncias, el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer investigó a Vidal y al expresidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional Carles Viver Pi-Sunyer, y posteriormente a cargos de la Conselleria de Junqueras como Josep Maria Jové y Lluís Salvadó.
Fue dicho juez quien ordenó el amplio dispositivo para evitar los planes del referéndum el 20 de septiembre de 2017 en las consellerias de Economía, Presidencia, Gobernación, Trabajo, Exteriores y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), que desencadenó la protesta de unas 40.000 personas a las puertas de la Conselleria de Junqueras.
La magistrada acordó, en un auto del 26 de febrero, la prórroga por hasta otros 18 meses de la investigación debido a la complejidad de la causa.
