Actualizado 26/01/2012 22:20 CET

Justicia reduce un 3,4% su presupuesto, que cifra en 886,9 millones para 2012

El Presidente Del Govern, Artur Mas Y La Consellera Pilar Fdez. Bozal
EUROPA PRESS

ICV-EUiA y C's llevarán las tasas judiciales al Consell de Garanties Estatutàries

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, ha cifrado en 866,8 millones de euros el presupuesto del departamento para 2012, recortando 31 millones de euros respecto a los del año anterior, es decir, un 3,4% menos.

Así lo ha anunciado este jueves en comisión parlamentaria la consellera, que ha explicado que el presupuesto de Justicia ha sufrido una "menor disminución que otros departamentos", representando esta año un 4,1% del total, ligeramente superior al 3,9% de 2011.

Bozal ha insistido en que esta disminución de los recursos va en la línea de la política del Govern de la Generalitat cuyo objetivo primordial es "cumplir con el objetivo de déficit".

CiU y PP han echado por tierra las enmiendas a la totalidad contra los Presupuestos que han presentado los grupos parlamentarios de PSC, ICV-EUiA, ERC, C's y SI, aprobando así los números de la conselleria.

Las mayores críticas de los grupos que han presentado enmiendas se han concentrado en las tasas judiciales que Justicia quiere imponer para determinadas gestiones, llegando incluso ICV-EUiA y C's a anunciar que llevarán esta medida al Consell de Garanties Estatutàries.

"Es un ataque a la línea de flotación del acceso a la justicia", ha acusado el portavoz de ICV-EUiA en la Comisión, Salvador Milà, con cuya argumentación han coincidido la portavoz socialista, Agnès Pardell, Pere Aragonès (ERC) y Carmen de Rivera (C's).

MÁS RECAUDACIÓN

La finalidad de estas tasas, según ha explicado Bozal, es la de recaudar recursos que contribuyan en una pequeña parte a la financiación de los costes de funcionamiento y modernización de la Administración de Justicia en Catalunya.

Concretamente, esta tasa gravará la prestación de servicios personales y materiales, así como la utilización o aprovechamiento de los bienes de la Administración de Justicia, con la que pretenden recaudar entre 15 y 20 millones de euros.