Hay 23 acusados supuestamente relacionados con la mafia nigeriana Supreme Eiye Confraternity
BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia de Barcelona ha iniciado este lunes el juicio a 23 personas acusadas de presuntamente pertenecer a una organización internacional dedicada a engañar a mujeres para trasladarlas desde Nigeria hasta Barcelona y municipios del entorno, entre ellos Terrassa y Mollet del Valls, para forzarlas a ejercer la prostitución, y en la que según fuentes de la investigación hay unas 85 mujeres afectadas.
En la primera sesión del juicio --que se prevé que dure unas seis semanas--, la mayoría de los acusados han declarado negando los hechos que se les atribuyen y contestando solo el interrogatorio de sus defensas, mientras que un investigado ha contestado a la fiscal y ha admitido que cobró comisiones a varias personas por hacer envíos de dinero de forma irregular a Nigeria.
La investigación empezó en noviembre de 2015 tras la denuncia de una primera víctima, que escapó del piso donde vivía con su proxeneta en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), al que había llegado desde Nigeria con la promesa de obtener un trabajo como peluquera en España.
Fuentes de la investigación han explicado que la trama aplicó el mismo procedimiento en todos los casos: engañaban a las mujeres para emigrar de forma irregular con la promesa de un empleo, y una vez en Barcelona les reclamaban una deuda por el coste del viaje, que debían pagar ejerciendo la prostitución, y una deuda por el alojamiento que les daban después del viaje.
En cuanto a la primera víctima de esta causa que presentó denuncia, tras un tiempo ejerciendo la prostitución se refugió en casa de una prostituta que conoció en la calle, ante lo que el proxeneta la amenazó con una pistola y también hizo amenazas telefónicas a la mujer que la acogió.
Los implicados eran de familias adineradas, mayoritariamente de una misma zona de Nigeria, y los responsables de la investigación consideran que usaban su estatus en el país para engañar a las mujeres a viajar a Europa.
La Sección 2 de la Audiencia de Barcelona juzga en esta causa, en la que también está personada la Generalitat como acusación, a implicados de distinto nivel: algunos están considerados como los jefes de la trama, a otros se les atribuyen tareas de ayuda con envíos de dinero, proxenetas y controladoras, que es el nombre dado a las mujeres que se encargan de organizar y vigilar el trabajo de las prostitutas en la calle.
En cambio, todos los acusados que han declarado la mañana de este lunes han negado haber obligado a ninguna mujer a ejercer la prostitución, y han dicho no conocer a las víctimas ni a la organización internacional con la que les vincula la acusación.
NIÑA DE 15 AÑOS
Una de las víctimas del entramado es una menor que entonces tenía 15 años y es familiar de una de las acusadas, quien la hizo viajar a Europa siguiendo una ruta insegura que cruza el desierto, en la que la investigación ha demostrado, según fuentes de la acusación, que la niña sufrió al menos una violación grupal y múltiples quemaduras en el cuerpo durante un accidente con la barca que la debía llevar desde Libia hasta Italia.
A la acusada que es familiar de la menor también se la considera responsable de trasladar a seis personas más desde Nigeria, entre ellas un hombre y dos hermanas de ella.
La investigación estima que hay unas 85 mujeres víctimas de este grupo; sin embargo, pocas declararán como testigo protegido en el juicio en contra de los acusados, y algunas declararán a favor de ellos "pensando que son su pareja", han explicado fuentes de la acusación, que reprochan que algunos de los acusados fingieron ser la pareja de las mujeres mientras intentaban engañar a otras al mismo tiempo para abandonar Nigeria.
SUPREME EIYE CONFRATERNITY
La acusación considera que los acusados están vinculados con la organización internacional Supreme Eiye Confraternity, desplegada en Estados Unidos, Sudamérica y buena parte de Europa, y los relaciona por su cercanía con algunos de los principales miembros de esta organización, con relaciones sentimentales en algunos casos.
La mayoría de los acusados han estado en prisión provisional hasta 2019, cuando se agotó el plazo máximo de cuatro años para la prisión preventiva, tras una investigación larga y un aplazamiento en el juicio, por lo que ahora están todos en libertad provisional: inicialmente había 25 acusados en lugar de 23, y de estos dos uno murió y el otro está fugado.
La Fiscalía atribuye a los enjuiciados los presuntos delitos de trata de seres humanos, favorecimiento de la inmigración ilegal, coacción para ejercer la prostitución y falsedad documental.
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