BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
JxCat, ERC, el PSC-Units, los comuns y la CUP han presentado este jueves en el Parlament una proposición de ley para crear un centro que analice si las empresas catalanas respetan y cumplen los derechos humanos.
Lo han explicado en rueda de prensa, junto a representantes de Lafede.cat-Organitzacions per a la Justícia global y del grupo de empresa y derechos humanos, formado por diversas entidades que trabajan sobre la vulneración de derechos humanos por parte de empresas, y que han impulsado esta propuesta.
El presidente del Observatori Desc, Marco Aparicio, ha explicado que el objetivo de la ley es crear el centro catalán de empresa y derechos humanos, que estudie el cumplimiento de los derechos en el ámbito privado.
Ha destacado que este centro debe tener tres ámbitos de actuación, en el caso que se apruebe la propuesta: supervisar y sensibilizar sobre esta cuestión; acompañar a las instituciones en este tema, y su función principal sería recibir quejas y denuncias para iniciar procesos de investigación sobre empresas concretas.
En este sentido, ha apuntado que iniciarían un diálogo con las empresas para que se expliquen y aporten información, y también ha sostenido que el centro debería tener "capacidad sancionadora" si las empresas no facilitan estos datos.
El diputado de JxCat en el Parlament Francesc de Dalmases ha reivindicado la necesidad de que las instituciones exijan el cumplimiento de los derechos humanos y ha afirmado que esta propuesta es una "ley de estado", ya que cree que sitúa a Catalunya entre los territorios más preocupados en el mundo por este asunto.
Desde ERC, Adriana Delgado ha sostenido que las empresas catalanas deben ser un "referente" en el cumplimiento de los derechos humanos y ha señalado que hay que ir más allá de la creación del centro, y tejer una estrategia y un plan de acción sobre este tema.
La socialista Ferran Pedret ha argumentado que es importante que "los derechos humanos no se queden a las puertas de las empresas privadas", y ha apostado por volver a registrar la ley en la próxima legislatura si la actual termina antes de que se haya podido aprobar.
También lo ha dicho Susanna Segovia (comuns), que ha agradecido el trabajo de las entidades para impulsar esta iniciativa que, a su juicio, sirve para que haya "coherencia" entre hacer cooperación por el desarrollo y vigilar si las empresas respetan derechos.
Además, el 'cupaire' Carles Riera ha subrayado que es imprescindible tener una ley así porque "el capitalismo mata personas, sociedades, comunidades y destruye territorios", y ha propuesto incluir que las administraciones no puedan contratar empresas que hayan vulnerado derechos humanos.
